El día 30 de Agosto fue declarado como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a partir de la resolución A/RES/65/209 de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada el 21 de diciembre de 2010.

La Ley Nacional 26.298 Aprueba la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 2006. Dicha Convención define por desapariciones forzadas a «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley».

De acuerdo a la mencionada normativa internacional, cuando la desaparición forzada es cometida como parte de un ataque sistemático a la población civil; la misma será calificada como un crimen contra la humanidad; por lo tanto, será imprescriptible y se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos

Esto es porque además de una grave violación a los Derechos Humanos, la desaparición forzada es una de las prácticas del terrorismo de estado contra toda la ciudadanía, afectando no sólo a la persona desaparecida y su familia sino, a la comunidad y al conjunto de la sociedad infundiendo inseguridad y terror. Sin lugar a dudas, el terrorismo de estado continúa con efectos en las subjetividades políticas de la ciudadanía argentina.

En la Argentina, las desapariciones forzadas fueron principalmente perpetradas por las dictaduras militares, las que las utilizaron como método capital para la persecución y represión política; así como lo fueron el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de bebés y bienes materiales, los secuestros y los asesinatos; continuando desaparecidas hasta el día de hoy la gran mayoría de las víctimas.

Sin embargo, no podemos olvidar la situación de Jorge Julio López quien desapareció en democracia el 28/06/06. Julio había sido un detenido desaparecido, y dio su testimonio en Juicio Oral contra el comisario de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz, lo que llevó a un fallo histórico en el que se condenó a prisión perpetua al genocida y se reconoció por primera vez el genocidio ocurrido durante la última dictadura cívico militar.

Otra situación más cercana fue la de Santiago Maldonado, desaparecido el 1° de agosto de 2017 en un operativo ilegal y de violencia institucional desplegado por la Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Pu Lof Resistencia Cushamen, en la provincia de Chubut. Tras diversas manifestaciones y reclamos por organismos de derechos humanos el cuerpo de Santiago aparece tres meses después en el Río Chubut. Su familia sigue exigiendo Justicia y la reapertura de la causa.

El 30 de Abril de este año desaparece Facundo Astudillo Castro, siendo visto por última vez cuando fue detenido por personal de la policía bonaerense en la Localidad de Mayor Buratovich.

Desde el Consejo Profesional continuamos con una política activa respecto de la Memoria, Verdad y Justicia y nos sumamos a los organismos de derechos humanos en sus reclamos la situación Facundo Astudillo Castro.

«Nunca más Facundos, ni chicos desaparecidos, ahorcados en las comisarías»

Cristina Castro, mamá de Facundo.

Secretaria de Derechos Humano