En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 3706 trata sobre la Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, prácticamente, ninguno de los deberes del Estado que están explicitados en el Título III de dicha Ley se cumplen.

No hay “políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del estado”. Tampoco se cumple “la promoción de acciones positivas tendientes a erradicar los prejuicios, la discriminación y las acciones violentas hacia las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”. Es insignificante “el presupuesto anual de partidas destinadas a la política pública y programas dirigidos a las personas situación de calle y en riesgo a la situación de calle”….. y así podríamos transcribir cada uno de los deberes que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumple y en consecuencia, cada uno de los derechos de las personas en situación de calle que son vulnerados.

El Primer Censo de Personas en Situación de Calles fue organizado en 2017 por organizaciones sociales que trabajan con esxs vecinxs pues no eran confiables las cifras -muy inferiores- que reconocía el Gobierno de la Ciudad.

Ese Primer Censo arrojó que había 4.394 personas viviendo en las calles porteñas y 5.872 si se sumaban a esa estadística aquellas que dormían en paradores. El Censo de la Ciudad reconocía 1.066 personas.

El Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle se realizó en abril de 2019. Se registraron 7251 personas en situación de calle efectiva, tal como la define el artículo 2 de la ley 3706/101.

Es decir, que en dos años, se incrementó algo más del 23% el número de personas en esa situación.

Siguiendo los datos del censo de 2019 -el último realizado- 5412 personas no tienen acceso a paradores, ni a establecimientos con convenio con el Gobierno de la Ciudad, es decir que duermen en la vía pública. El 80% son varones, el 19% son mujeres y el 1% se auto percibe como travesti o trans.

871 son lxs niñxs en situación de calle según datos del 2019. M de 7 años, es una de esxs niñxs.
En la Ciudad más rica del país, los deterioros de las situaciones de vulnerabilidad se han extendido en el tiempo. La problemática de las personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene agravándose en los últimos años, tal como lo han alertado distintas organizaciones sociales, instituciones religiosas y grupos de militantes sociales que realizan un trabajo cotidiano con esta población.

El caso de M, que conmocionó a la comunidad toda, puso en las pantallas y portales de los medios de comunicación una situación que, desde hace años es invisibilizada para seguir blindando al Gobierno de la Ciudad.

Medios que juzgan desde la comodidad de sus micrófonos a la familia, que piden que M vuelva a su casa, una casa que no tiene, que se preguntan “dónde estaban las asistentes sociales”. Medios que se preguntan quién es el Intendente de Villa Lugano y una comunidad de Villa Lugano que no tiene intendente pero que salió a la calle para pedir por unx de ellxs.

En enero de este año, en una muestra más de la falta de interés en la atención a las familias en calle, el Gobierno de la Ciudad intentó desmantelar el Programa de Acompañamiento Social Integral PASI. El PASI fue creado en 2017 para asistir a alrededor de 1.000 familias en situación de vulnerabilidad social, emergencia habitacional y sanitaria de la Ciudad, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat con equipos integrados por Trabajadoras Sociales y Psicólogxs. La lucha de lxs trabajadorxs hizo que no desapareciera pero quedó con la mitad de los equipos. Eso no fue noticia.

Desde nuestro Consejo Profesional, manifestamos una vez más, nuestra preocupación y rechazo por las deficientes políticas sociales para abordar la problemática de las personas en situación de calle, de la Ciudad de Buenos Aires y la preocupación por la situación de nuestrxs colegas que, en condiciones laborables de mucha precariedad y que, con una carencia casi total de recursos trabajan con esta población.

Esta realidad nos lleva a exigir la reelaboración de políticas públicas que tiendan a detener los desalojos, incrementar los subsidios habitacionales (tanto en su contraprestación monetaria como en su cantidad y en el acompañamiento en los casos necesarios), habilitar nuevos hogares para las familias, mejorar las condiciones de los paradores (transformándolos en Centros de Integración Social, tal como lo plantea la Ley), asegurar la alimentación diaria y generar programas de inclusión laboral para todxs lxs sujetxs en esta situación porque la calle no es un lugar para vivir.

#ElConsejoSomosTodxs