Desde el Consejo Profesional de Graduades en Trabajo Social de la CABA repudiamos las declaraciones de la Ministra de Educación del GCBA Soledad Acuña que redundan en prejuicios hacia les niñes y adolescentes que residen en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.

Estos dichos dan cuenta de una actitud discriminatoria y de un grave desentendimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Educación Nacional N° 26.206, de acuerdo a la cual es deber del Estado -en este caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- “Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”; así como “Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo”, entre otros (Art 11 inc. g y f). En este sentido tanto las Leyes 26.061 como la Ley 114, ambas de Protección Integral a los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes establecen obligaciones para llevar adelante políticas activas para garantizar el derecho a la educación de les niñes y adolescentes.

Como Trabajadoras y Trabajadores Sociales observamos en nuestra labor cotidiana que la deserción escolar y el distanciamiento de les niñes y adolescentes para con el sistema educativo resulta un problema grave y de gran complejidad al que resulta prioritario abordar con políticas activas de acompañamiento profesional para la revinculación e inclusión educativa por parte del GCBA.

Como hemos manifestado, en oportunidades anteriores, desde este Consejo Profesional de Graduades en Trabajo Social, la situación de pandemia puso en evidencia las fuertes desigualdades sociales existentes, en especial la desinversión en educación pública y la brecha tecnológica en lo que hace a las políticas de accesibilidad a las TICS (como el Plan Conectar Igualdad). Esta situación afectó fuertemente la capacidad del Sistema Educativo para brindar respuestas a las trayectorias de la población más vulnerable.

Instamos al GCBA al cumplimiento de sus obligaciones en materia educativa, estableciendo políticas activas para garantizar los derechos de les niñes y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.