Declaración de la Asamblea de Delegades
A casi siete meses de declararse la emergencia sanitaria en nuestro país por la pandemia que azota al mundo entero como Asamblea del Consejo Profesional manifestamos nuestra gran preocupación en relación al encrudecimiento de la pobreza, la desocupación y precarización laboral.
Los últimos cuatro años de intento de restauración conservadora en términos políticos y neoliberales en su aspecto económico implico un retroceso de los distintos niveles del estado en la intervención en las relaciones sociales, promoviendo nuevamente al mercado como asignador de recursos, dejo al país con un 35.5 % de pobreza y un 8% de indigencia.
Sumado a esto asistimos a la desprofesionalización de las políticas públicas que mayoritariamente incorporaron al TS como efector, alejándonos no solo del diseño sino también de la implementación de las políticas públicas, sin mencionar la disolución de ministerios como el de Salud y Trabajo.
En este escenario es que impacta la pandemia de covid19. Desde un inicio como muy agresiva, sobre todo para las poblaciones en condiciones de pobreza estructural, ya que el distanciamiento físico y las medidas de higiene personal son las medidas más efectivas pero no eran garantizables en los grandes conglomerados de las ciudades mas populosas, lo que tensionó en la rápida asistencia de un Estado que venía mal trecho del periodo anterior.
Las medidas de ASPO que fueron necesarias para morigerar los efectos de la pandemia trajeron como consecuencia una gran profundización de la crisis socio económica a pocos meses de la asunción del nuevo gobierno, tras los 4 años del gobierno Macrista que atacó gravemente los derechos y las condiciones de vida de toda la población.
El IFE (ingreso familiar de emergencia) ha significado un aporte fundamental para una gran parte de la población que vio interrumpida la posibilidad de trabajar en este contexto, y por las condiciones de precariedad en que lo hacían quienes tenían trabajo, dejaron de tener ingresos. Sostenemos que es de suma importancia sostener y ampliar esta política.
La crisis habitacional es una de las expresiones de la cuestión social que se muestra de una manera aguda. El déficit habitacional afecta a más de un millón de familias en el AMBA, mientras aumentan los negocios inmobiliarios y la gentrificación de los centros urbanos. Las “tomas” o “recuperaciones” de tierras son acciones legítimas que nuestro pueblo ha usado a lo largo de la historia reciente, logrando grandes niveles de organización popular y urbanizando amplios territorios de nuestro país muy particularmente en el conurbano, y expresan las necesidades de vivienda y hábitat dignos, que son derechos humanos fundamentales. Por estas razones, desde la Asamblea del Consejo Profesional de Trabajo Social nos pronunciamos por el derecho a la vivienda, NO a los desalojos de Guernica, ni de ninguna toma, No a los negocios inmobiliarios que tienden a privatizar los espacios públicos en CABA , y por políticas integrales de urbanización.
En dicho marco, como colectivo profesional exigimos condiciones de trabajo dignas, políticas públicas integrales con presupuestos acordes y aumentos salariales que den respuesta real a la situación que venimos atravesando. Les trabajadores en su conjunto y puntualmente les esenciales estatales necesitamos que el reconocimiento se exprese en definiciones políticas concretas tanto para el desenvolvimiento presencial -en sede o territorial- como para el teletrabajo. Por ello es que rechazamos los despidos; el mísero aumento del 7% para trabajadores del Estado nacional; el nulo aumento de salarios en CABA, las dilataciones en los pases a planta; las deterioradas carreras profesionales y la falta de medidas de cuidado en los ámbitos laborales.
En este sentido es que también rechazamos todo tipo de violencia institucional y laboral como por ejemplo los hechos acaecidos recientemente en el CeSAC 10 de la Ciudad de Buenos Aires. En consonancia con la asamblea de trabajadores del Hospital Penna, nos solidarizamos con Omar Battistesa, colega y delegado de este órgano reconocido por su trayectoria y compromiso con los derechos de trabajadores y usuaries.
En relación a las violencias de géneros
Por otra parte, nos pronunciamos en relación a visibilizar el estado alarmante en el que se encuentran miles de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries, así como niñes y adolescentes, debido a diversas situaciones de violencia de géneros. La pandemia y las medidas de aislamiento para enfrentar a la misma, han recrudecido con fuerza esta situación en virtud de la ausencia de espacios de socialización, las dificultades para acceder a entramados de vinculaciones que permiten visibilizar y politizar las situaciones, así como también tejer medidas de acompañamiento. Es necesario poder generar /profundizar otras respuestas estatales según nivel, brindando fortalecimiento presupuestario y desarrollando respuestas integrales y de alcance real. Ello no sólo en virtud de programas «específicos» sino también en políticas públicas directamente asociadas a poder pensar proyectos de vida libres de violencias como acceso a la vivienda, a inserción laboral formal con todos los derechos, entre otras.
Es necesario aplicar efectivamente la Ley Micaela y promover un abanico de acciones hacia la despatriarcalización. Necesitamos eliminar la precariedad laboral de quienes se desempeñaban en políticas vinculadas al acompañamiento de estas problemáticas (en su mayoría mujeres que sufren doble opresión), al tiempo que se deben generar posibilidades para el acceso a espacios de socialización del cuidado. Esto último ha quedado evidenciado fuertemente a raíz de las tareas de tele trabajo donde, una vez más, la sobrecarga de tareas y los padecimientos subjetivos se hacen carne en mujeres y disidencias.
La legalización del aborto como cuestión urgente
Por último, una vez más nos pronunciamos por el apoyo al proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ya en 2018 nos pronunciamos a favor de la aprobación de la ley de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) y realizamos desde el 2014 apoyamos a la Campaña y actividades en conjunto.
El aborto es un problema de salud pública y de derechos humanos. Muches de nosotres como trabajadores sociales somos parte de equipos de salud que garantizan el acceso a las ILEs en las condiciones vigentes, pero sabemos que no alcanza. Es urgente la ley de IVE.
Apoyamos el proyecto de la Campaña porque es el proyecto que surge de la discusión democrática del movimiento de mujeres y disidencias, porque contempla los derechos de las personas más allá de su identidad de género, su condición de discapacidad, su nacionalidad. Y porque está ampliamente difundido y masivamente avalado en las calles.
Desde esta Asamblea reclamamos el tratamiento urgente y la aprobación.
Entendemos que, como colectivo profesional, debemos estar comprometidos en que, las políticas públicas concretadas en programas y proyectos, sean efectivas en la accesibilidad de los derechos postergados y vulnerados.
Por eso es necesario la reflexión crítica sobre nuestras prácticas y el vínculo con la población con la que trabajamos en pos de profundizar la organización y unidad del campo popular.
Nadie se salva solo!
Asamblea de Delegades
