Declaración elaborada en 2017 por profesionales de la justicia del fuero penal juvenil, de responsabilidad penal juvenil, justicia nacional de menores y otras designaciones hoy vigentes.
Frente a los debates desarrollados en el último año en torno a una reforma legislativa tendiente a la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil Nacional, los profesionales que integran los equipos interdisciplinarios que con distintas designaciones se desempeñan en el marco del sistema judicial con asiento en la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires; consideramos que resulta oportuno revisar esta normativa, que implica la derogación del Decreto N° 22278 vigente desde la última dictadura militar, orientada a garantizar a niños /as, adolescentes y jóvenes (en adelante, NNAyJ) el debido proceso judicial.
Entendemos que el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil debe fundarse en el Corpus Iuris en materia de Niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, que se distinguen entre otras normas.
Los profesionales encontramos que el anunciado proceso de reforma legal constituye un momento crucial para exhortar a los legisladores a formalizar la inclusión de los equipos interdisciplinarios en el marco del poder judicial, los cuales resultan indispensables a fin de materializar los principios de especialización e integralidad.
Estos equipos actualmente presentan una composición y organización diversa en cada jurisdicción, conformados por Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicología y otros profesionales universitarios egresados de ciencias humanas, de la salud y sociales. Todos ellos dirigen su atención a NNAyJ que en su mayoría desarrollan su vida en contextos de vulnerabilidad social, donde predominan situaciones de incertidumbre y pobreza, de modo que muchas veces resulta complejo distinguir posiciones en una trama donde “victimas y “victimarios” suelen fundirse en situaciones de violencia, sean visibles e invisibles. Ello condiciona la construcción de proyectos y cursos de vida que afectan las posibilidades de acceso a derechos consagrados por la normativa vigente en el horizonte de una ciudadanía plena.
La mirada interdisciplinaria resulta clave para alcanzar la pretendida integralidad que demanda la atención de la complejidad de las situaciones planteadas, facilitan su comprensión, entendiendo que se trata de problemas sociales que se expresan singularmente en la vida cotidiana de los sujetos con los que se trabaja.
Los NNAyJ acusados de actos transgresores o de conductas consideradas disvaliosas que ingresan al sistema especializado deberían contar, en la ocasión del tránsito judicial que implica una posible sanción, con espacios donde resignificar los actos y las situaciones en las que se ven expuestos. En este sentido consideramos que la intervención profesional de estos equipos produce mucho más que información, a veces circunscripta a modo de informes de carácter pericial. Son parte de las instancias de diálogo, de acompañamiento personal y de la red socio familiar de referencia, operan como un puente entre los NNAyJ y el sistema judicial. Su labor favorece la apertura concreta de espacios orientados a que el sujeto conozca y transite estos procesos, habilitan la reflexión sobre las situaciones que originaron la intervención judicial y las implicancias de una responsabilización personal enlazada con la responsabilidad social. Asimismo, viabilizan la relevante tarea de articulación con los distintos actores e instituciones, organismos administrativos en cada jurisdicción, como parte del Sistema de Protección Integral de Promoción y Protección de los Derechos de los NNAyJ en cumplimiento del principio de corresponsabilidad.
Estos equipos por su especial formación pueden realizar aportes distintivos tanto en la construcción de las medidas socioeducativas como en la resolución alternativa de conflictos y/o justicia restaurativa, todos procesos de intervención que incluyen a los NNAyJ y a sus grupos de referencia con miras a posibilitar un efecto transformador en el sujeto y su entorno más próximo.
Por lo expuesto, consideramos que la presencia de dichos profesionales constituye un umbral desde el cual resulta posible diseñar estrategias de abordaje de la complejidad en los escenarios particulares, que involucra la misión de desplegar la coordinación intra e interinstitucional orientada a gestionar de manera articulada las actuaciones entre los diferentes órganos y entidades que forman parte del sistema de justicia y especialmente del Sistema de Protección Integral, tributario a trascender una mirada centrada en mecanismos de carácter punitivo tradicionales.
La especialidad e integralidad de la que se pretende dotar a esta nueva normativa e institucionalidad judicial requieren de la presencia de los equipos interdisciplinarios, profesionales especializados en la materia, que contribuyan tanto a promover el acceso a la justicia en este fuero como a responder al imperativo de optimizar los estándares de actuación del Poder Judicial.