Compartimos comunicado del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones del cual este Consejo Profesional forma parte:
LA SALUD MENTAL EN RETROCESO: El Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones alerta sobre la aparición de un Decreto Reglamentario que contradice la Ley N°26.657.
El Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, constituido por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, la academia, el ámbito profesional, las asociaciones gremiales, las organizaciones de derechos humanos y de usuarios y familiares, se opone a la violación a la Ley Nacional 26.657 que plantea el Ejecutivo Nacional a través de la propuesta de un nuevo Decreto Reglamentario inconsulto y que se encuentra en curso de aprobación. Este decreto contradice los principios enunciados por la norma y vulnera las instancias creadas de protección a los sujetos con padecimiento psíquico.
En el año 2010 entró en vigencia en nuestro país, luego de un largo período de debate parlamentario, la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N°26.657. Es una norma de orden público y fue votada por unanimidad por diputados y senadores del Congreso de la Nación y reconocida mundialmente por sus avances en el abordaje y la protección de los derechos de las personas con padecimiento psíquico.
La Ley de Salud Mental y Adicciones fue reglamentada en el año 2013, a través de un largo proceso de consultas y participación de actores del campo de la salud mental y las adicciones, por el Decreto 603. Con la aparición de un nuevo decreto reglamentario propuesto por el Ejecutivo Nacional, realizado a puertas cerradas y consensado exclusivamente con la corporación médica, no sólo se busca limitar al máximo el alcance de la Ley, sino que, además, contradice la norma en sus principios fundamentales: modifica la concepción de la salud mental, sustituye el concepto de padecimiento psíquico por trastorno mental, recoloca al manicomio como instancia de tratamiento, contradice el modelo de derecho retrocediendo al modelo tutelar, lesiona el derecho a la defensa y modifica la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión quitando competencia al Ministerio Público de la Defensa y asumiendo la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones un poder total.
El Consejo Consultivo Honorario se pronuncia a favor de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones reconociendo sus avances en torno a los derechos de las personas con padecimiento psíquico y la organización de instancias de tratamientos dignos. El proyecto de decreto reglamentario del Ejecutivo Nacional lesiona la norma y constituye un retroceso que no se puede permitir en tanto principalmente legitima nuevamente la vulneración de derechos de los usuarios de salud mental.