Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del Consejo Profesional de Servicio Social o Trabajo Social de CABA queremos expresar nuestro rechazo a la posibilidad de un nuevo cambio en la edad de imputabilidad de adolescentes de 16 a 14 años, tema que está en la agenda del poder ejecutivo –a través de la preparación de un anteproyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil- y en la de los medios de comunicación, que no cesan en su mensaje criminalizador de la juventud de los sectores populares, fomentando salidas represivas que en nada problematizan las condiciones económicas, sociales y políticas que ponen en situación de riesgo y de vulneración de derechos a niño/as y adolescentes.
Entendemos que esta compleja problemática se encuentra atravesada por, al menos, dos grandes cuestiones relacionadas entre sí. La primera referida a la concepción política e ideológica respecto a la infancia y adolescencia. Quienes sostenemos el paradigma de protección y promoción de derechos entendemos que la baja de la edad de imputabilidad expresa a una severa violación de los mismos, además de estigmatizar como “pibxs chorros” a pibes/as y adolescentes por su condición de pobreza.
Además atenta directamente contra la Convención de Derechos del Niño, la Ley 114 (CABA), Ley 13.298 (Provincia de Buenos Aires) y Ley Nacional 26.061, marcos jurídicos que deben garantizar el cumplimiento efectivo de una amplia gama de derechos para las niñas, niños y adolescentes.
El segundo punto se vincula a la política pública y su direccionalidad. La baja de la edad de imputabilidad marca la decadencia y precariedad de la política de infancia y adolescencia. La falta de inversión, los bajos presupuestos que no son acordes para sostener un sistema integral de protección de derechos, el cierre de programas y el despido de trabajadoras/es, la contratación precaria de profesionales con una inexistente supervisión de las intervenciones, son algunos de los ejes que marcan el lugar que viene teniendo la infancia y adolescencia en la agenda de gobierno. En lugar de garantizar políticas públicas integrales y de calidad, la orientación asume un carácter punitivo, de control y disciplinamiento de los y las jóvenes.
En este sentido, la realidad de la implementación del sistema penal juvenil y la situación actual de los institutos de encierro, ni siquiera son puestos en discusión ni analizados como parte del problema. Quienes impulsan la baja de la edad de imputabilidad no apuntan a analizar las causas estructurales del problema. Por el contrario, naturalizan un discurso y una práctica estigmatizante y sumamente violenta, que no hace más que invisibilizar el fracaso de una sociedad desigual y una voluntad política que está en las antípodas de la promoción y protección de derechos.
Pensar la problemática de niños/as y adolescentes en conflicto con la ley penal requiere una discusión y un debate mucho más amplio, que no caiga en falsas “salidas fáciles” como la baja de la edad de imputabilidad. Requiere, entre otras cosas, discutir el rol de las fuerzas de seguridad; la garantía de que niños/as, adolescentes y sus familias puedan ejercer plenamente sus derechos; implica asegurar la satisfacción de necesidades sociales y derechos ciudadanos; implica pensar políticas educativas, laborales, en síntesis: la implementación de políticas públicas integrales, acordes, y con perspectiva de derechos.
Ningún pibe nace chorro!
Basta de perseguir y reprimir a los y las jóvenes!
Secretaría de Derechos Humanos y Sociales