Desde nuestro Consejo Profesional a través de la Secretaria de Asuntos Profesionales hemos continuado trabajando durante el 2016 a fin de lograr que el Banco de Drogas Antineoplásicas acceda a la eliminación de la “encuesta social” como requisito para el acceso a la medicación requerida por las/os pacientes.
En la actualidad la reglamentación de funcionamiento del Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas solicita la presentación de la receta médica, historia clínica y una encuesta socioeconómica que surge de la atención profesional de los servicios sociales.
Durante la atención de aquellos pacientes que concurren al Banco de Drogas se realiza una consulta con el sistema informático de ANSES con el fin de verificar la existencia de cobertura de salud por medio de obra social de cada persona. En el caso de existir una obra social, y a pesar de que la institución no interrumpe el acceso a la medicación de ningún paciente, se realizan las derivaciones correspondientes a las instituciones responsables de la provisión de medicación.
La intervención del Servicio Social radica en la realización de la mencionada “encuesta socioeconómica” (historia social) de forma masiva a todo paciente que requiere la medicación citada. Dicha encuesta se realiza en el marco de la atención que los servicios sociales proveen en los Hospitales del G.C.A.B.A, a partir de la construcción de un registro que parte de una única entrevista con las/os pacientes.
Consideramos que tal encuesta se consolida como un requerimiento exclusivamente burocrático puesto que no surge del diagnóstico y líneas de acción propuestas por un/a trabajador/a social y por tanto no resulta un instrumento que contenga datos que no puedan subsanarse mediante otros pasos del trámite que la persona que busca acceder a la medicación debe imprescindiblemente atravesar. Atendiendo a estos motivos el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenas Aires ha revisado este requerimiento, y en la actualidad ya no se realiza la encuesta socioeconómica mencionada, sin que esto constituya un obstáculo para las personas que deben tramitar la medicación relativa a su tratamiento. En este sentido se considera discriminatorio para las/os pacientes que residen en la C.A.B.A que se continúe solicitándoles la mencionada encuesta.
Durante el curso de este año hemos reiterado este pedido mediante notas enviadas nuevamente al Banco de Drogas Oncológicas y al Ministerio de Salud de la Nación.
Asimismo asistimos en el mes de agosto en conjunto con la Asociación de Profesionales de Servicio Social de la CABA (APSS) a una reunión convocada en la Defensoría del Pueblo con la Unidad Centro de Protección de datos personales y la Dirección de Salud de tal institución.
Como corolario de esa reunión presentamos en conjunto con la Asociación Gremial (APSS) una carta dirigida a la Defensoría del Pueblo detallando la situación y solicitando su actuación para que arbitren los medios a su alcance a fin de que el Banco de Drogas acceda al pedido que realizamos desde la dos instituciones y deje sin efecto el requisito de la encuesta socioeconómica.
Hemos también reiterado este pedido al Ministerio de Salud en respuesta a la nota que nos enviara el Dr. Perez Baliño donde nos indica que la encuesta socioeconómica no constituye un requisito obstativo para la entrega de medicación al paciente y que por tanto la solicitud de la misma no atenta contra el derecho a la salud y el bienestar consagrados en la Constitución Nacional, pero que igualmente se solicita a fin de completar datos familiares del/la paciente y certificar que no cuente con obra social. Insistimos en nuestro reclamo indicando que estos datos pueden consultarse desde la ventanilla del Banco de Drogas, ya que el único medio que existe para conocerlo es la respuesta del usuario que bien puede canalizarse por tal vía a la cual el mismo debe inevitablemente asistir.
Actualmente nos encontramos a la espera de una nueva respuesta por parte del Ministerio de Salud de la Nación, al cual solicitamos que en caso de no acceder a nuestro pedido nos brinde una nueva reunión con las autoridades del Banco de Drogas.
Nuestro objetivo como Consejo Profesional es evitar que el requisito de la encuesta socioeconómica siga constituyéndose en un obstáculo burocrático que dificulte y dilate el acceso a la medicación requerida a las personas que se encuentran atravesando una compleja situación de salud.
Debido a que nuestras incumbencias profesionales tienen como eje entre sus principios éticos y normativos la defensa de los Derechos Humanos, entendemos que establecer nuestra actuación profesional exclusivamente como un paso burocrático vulnera tales derechos.
Es así que continuaremos trabajando para lograr este objetivo lo que redundaría al mismo tiempo en la calidad de atención de la salud de las personas con quienes trabajamos y en el respeto de nuestras incumbencias profesionales.
