Manifestamos nuestra preocupación y acompañamos el estado de alerta, frente al intento de reforma de la Ley Orgánica del MPF y Ministerio Público de la Defensa (MPD).
Desde el Consejo Profesional de Trabajo Social de la CABA y el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires, manifestamos nuestra preocupación y acompañamos el estado de alerta, ante la situación de las/os Trabajadoras/es Sociales que integran y cumplen funciones en el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, de cara la reforma de la Ley Orgánica del MPF y Ministerio Público de la Defensa (MPD) que se intenta aprobar por estos días en el Senado de la Nación (Proyecto de Ley S-4265/17: “Reformas de las leyes orgánicas del Ministerio Publico Fiscal de la Nación y del Ministerio Publico de la Defensa de la Nación”).
Las modificaciones que se quieren implementar implicarían un avasallamiento en el sistema de justicia e independencia que tienen estas instituciones autárquicas.
Resulta altamente preocupante que la nueva ley orgánica que se intenta sancionar -en reemplazo a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27148- no expresa la continuidad de Direcciones Generales y Procuradurías especializadas en donde se encuentran desempeñando funciones lxs Trabajadores Sociales, a la vez que implicaría un retroceso en materia de derechos humanos y de posibilidades de acceso a la justicia.
La creación de procuradurías especializadas y Direcciones Generales jerarquizaron la atención y el funcionamiento del MPF. Todo esto favorece la investigación penal y atiende las demandas cada vez más complejas que enfrenta el sistema de administración de justicia.
En las diferentes Direcciones Generales y Procuradurías especializadas (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas –DOVIC-, Dirección General de Acceso a la Justicia –ATAJO-, Procuraduría de Violencia Institucional –PROCUVIN-) lxs Trabajadorxs Sociales del MPF integran equipos interdisciplinarios, creados con el objetivo de garantizar las condiciones de acceso a la justicia en los sectores más vulnerables, de manera que esto redunde en investigaciones más eficientes a través del asesoramiento y acompañamiento a las personas afectadas durante todo el proceso judicial.
Los equipos especializados acompañan a víctimas de distintos delitos -facilitando que sus intereses sean tenidos en cuenta en la investigación penal-. Los colegas trabajan diariamente en los territorios, tendiendo un puente entre éstos y el sistema de administración de justicia. Entre otras tareas, responden a solicitudes de otras Direcciones o áreas de apoyo y requerimientos de lxs fiscales.
Para cumplir con estas labores acompañan en juicios, elaboran informes interdisciplinarios, realizan actividades de sensibilización y promoción de derechos en los territorios e instituciones, y orientan para una atención que excede el ámbito de la justicia.
El trabajo, además, se desarrolla en articulación y en red con otras agencias del Estado (Nacional, Provincial y Municipal) con el objetivo de intervenir de manera integral sobre las necesidades y problemáticas que cada víctima presenta desde el primer contacto con la institución como a lo largo de todo el proceso.
Una eventual disolución de las áreas en cuestión no solo vulneraría los derechos como trabajdorxs sino que principalmente pondría en riesgo el acceso a la justicia de la población con la que se trabaja, teniendo en consideración que históricamente el abordaje del sistema de administración de Justicia no opera considerando los procesos de subjetivación, el contexto y la historia propia de las personas.
Desde ambas instituciones colegiadas, seguiremos acompañando todas las acciones que se desplieguen, en pos de enfrentar disolución de políticas públicas y la consecuente posibilidad de desempleo que esto podría traer como consecuencia, bregando por sostener mecanismos de acceso a derechos más equitativos.
