Desde este Consejo Profesional nos pronunciamos ante la grave crisis habitacional que atraviesa nuestra ciudad, con crecientes procesos de pauperización y gentrificación, donde las modificaciones normativas mencionadas en el Decreto 155/2023 y el ahora denominado Programa de Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional, se constituyen en un factor que agudiza la desigualdad social, en un claro proceso regresivo respecto del reconocimiento efectivo de los Derechos Económicos y Sociales de la ciudadanía, y en particular aquellos que asisten a las mujeres y a las niñes y adolescentes.

La feminización e infantilización de la pobreza, así como la concentración de las tareas de cuidado en las mujeres y personas LGTBIQNB, son realidades empíricamente comprobadas que no pueden escapar a la gestión gubernamental del GCBA. Es en ese marco que en nuestra labor cotidiana como profesionales del Trabajo Social, en distintos programas sociales, nos encontramos con una mayoría de hogares monoparentales a cargo de mujeres, que en condiciones de extrema pobreza hacen frente a las responsabilidades de cuidado cotidiano y atención de varias niñas y niños a su cargo. A ello se le suma la agudización de distintos padecimientos en esta etapa pospandémica que afectó de modo diferencial a las adolescencias. En estas condiciones, nos encontramos con un serio déficit de políticas del GCBA que garanticen el acceso a una vivienda digna, el acceso a vacantes del nivel inicial del sistema educativo y el acceso a la atención en salud mental.
Es absolutamente regresivo que en estas condiciones estructurales se les exija a les titulares del subsidio habitacional cumplir con horas de capacitación laboral y con la asistencia escolar de todas las personas menores de 18 años a su cargo.

En este sentido, se advierte que los requisitos de capacitación obligatoria, y la posibilidad de la “suspensión automática del apoyo económico” en caso de no cumplir con este requisito (y otros), resulta inapropiado para el acompañamiento y asistencia a víctimas de violencia de género.