La alimentación no es un privilegio, el hambre es una catástrofe

Estar alimentado es un derecho humano fundamental y provocar hambre, es un delito. El Estado es el principal responsable de garantizar la asistencia a las personas que no tienen qué comer, y por ello, también tiene que asumir las consecuencias por su falta. Entonces, haber reconocido que cuentan con 5000 toneladas de alimentos sin distribuir, cuando el Observatorio Social de la UCA, estima que el 57,4% de los argentinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza es una crueldad inhumana.

La cantidad de niños, niñas y adolescentes que no acceden a las tres comidas diarias, no solo es preocupante sino que además la constitución de un delito estatal provoca daños irreparables en nuestra sociedad.

Como profesionales de Trabajo Social, que diariamente atendemos y acompañamos situaciones de vulneración de derechos, vemos con profunda preocupación el aumento de la pobreza, de familias y personas que diariamente solicitan alimentos en organizaciones comunitarias porque no tienen o lo que tiene no les alcanza para alimentarse. Frente al actual contexto de emergencia alimentaria, exigimos que el gobierno nacional tome medidas que garanticen y protejan derechos humanos básicos de la población en el marco de una justicia social distributiva.