Nos siguen pegando abajo…

Compartimos el presente comunicado con el colectivo profesional, como un intento de reunir en un único documento un aporte y una mirada sobre hechos que nos llenan de preocupación y nos llaman a la organización y la acción colectiva: despidos masivos en los ámbitos público y privado; la construcción discursiva del trabajo en el Estado como un espacio de corrupción y malversación (o el extendido término de “ñoquis”, como forma de estigmatizar al trabajador/a estatal y legitimar los mencionados despidos); negociaciones paritarias que amenazan con quedar muy por debajo de la inflación y los impactos de la devaluación; y la represión del conflicto social, que a su vez se profundiza como consecuencia de todos estos movimientos en el plano económico.

Se trata, en su conjunto, de elementos íntimamente relacionados y que dan cuenta de una orientación política en desarrollo. Política frente a la cual somos interpelados como colectivo profesional: tanto en defensa de la población con la que trabajamos, los servicios, recursos y derechos que debe garantizar la política pública y social; como por nuestros propios espacios de trabajo y las condiciones del ejercicio profesional. Se trata, en definitiva, de agruparnos como parte de la clase trabajadora, llamada a ser la principal perdedora en este escenario de medidas regresivas, represivas y de ajuste.

A poco de iniciada la gestión del presidente Mauricio Macri, desde diversos efectores y dependencias del Estado comenzaron los reclamos por despidos y no renovación de contratos, que en la práctica resultó ser lo mismo. El pasado 29 de diciembre manifestamos la preocupación de este Consejo Profesional respecto de la puesta en marcha del Decreto 254/2015, que habilita la revisión de puestos trabajo en la administración pública nacional. La reducción de la planta de trabajadores/as se apoyó en la precariedad laboral preexistente, que durante años no fue resuelta y mantuvo a gran cantidad de compañeros/as, incluida buena parte de nuestro colectivo profesional, con modalidades de contratación inestables, precarias, y que vulneran nuestros derechos como trabajadores/as.

Al menos 40.000 trabajadores/as del sector privado y público perdieron su trabajo desde diciembre. Un estudio elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) contabilizaba a inicios de Febrero 19.000 despidos o no renovaciones en organismos estatales y unos 22.500 en empresas privadas, entre los cuales el sector de la construcción acumula casi la mitad.

Sucesivamente y casi de forma cotidiana, desde numerosas dependencias, secretarías y ministerios en que se desempeñan laboralmente colegas matriculados/as en este Consejo Profesional, entramos en contacto con situaciones de conflicto por despidos, vaciamiento, discontinuidades laborales y de los propios programas. Acompañamos, mantuvimos reuniones con colegas y autoridades, nos pronunciamos y difundimos acciones, y las propias instalaciones del Consejo Profesional se transformaron en el espacio de reunión y organización de numerosos/as colegas para debatir los pasos a seguir.

Recientemente, una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, que entre otras cosas, otorga más potestades a las fuerzas represivas para actuar en situaciones de protesta y movilización, no prohíbe explícitamente la portación de armas de fuego para los agentes intervinientes (cuestión que se había incorporado con claridad en protocolos anteriores), limita la capacidad de registro y cobertura al restringir los lugares que pueden ocupar los/as trabajadores/as de prensa, y pone el derecho a “la circulación” y al “orden público” por encima de otros derechos, cercenando el derecho a la protesta y a peticionar a las autoridades. Este protocolo fue repudiado desde organismos de derechos humanos y un amplio arco de organizaciones sociales y políticas.

Mientras el protocolo salía a la luz, ocurría en Merlo el violento desalojo de un asentamiento ocupado por cientos de familias. Masiva presencia policial, topadoras, personas golpeadas y hasta fuego en algunas viviendas, era el panorama del pasado jueves 18/02. Semanas atrás, una murga del bajo flores fue víctima del salvaje ataque de la gendarmería en la villa 1-11-14, con decenas de heridos por balas de goma –muchos, niños y niñas-, y al menos una persona con bala de plomo. Otro hecho del jueves 18 tuvo lugar en la provincia de Santa Cruz, cuando trabajadoras estatales que se habían encadenado en la casa de gobierno reclamando por su puesto de trabajo, eran detenidas en la madrugada y golpeadas por la policía. Lo que continuó durante el día, con represión a quienes se manifestaron en solidaridad. Como si hiciera falta algún ejemplo más, ese mismo día la policía intentó impedir que las Madres de Plaza de Mayo armen su puesto en la plaza, en su histórica marcha de los jueves; algo que afortunadamente no prosperó y sobre lo que cuesta encontrar precedentes en esta etapa democrática, a no ser la vergonzosa represión del 20 de Diciembre de 2001. Podríamos enumerar muchas situaciones más en la misma línea, pero los hechos ocurridos en una sola jornada parecen suficiente muestra.

La detención de Milagro Sala en Jujuy, desde el 16 de Enero, reúne un sinnúmero de irregularidades y vaivenes que no hacen más que confirmar que se trata de una detención política. Se trata de un precedente muy peligroso, en tanto los fundamentos iniciales de la detención criminalizan la “ocupación del espacio público” o la presunta “instigación a hacerlo”, y plantean en términos de “sedición” hechos que se inscriben en la movilización y la protesta social. Esto es lo que resulta inaceptable y desde amplios sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos es repudiado, más allá que desde enero la causa tuvo movimientos, y cambiaron las imputaciones que recaen sobre la dirigente social, frente a lo cual es la investigación y el debido proceso lo que deberá arrojar resultados y no la detención a priori motivada por causas políticas. Rescatamos la advertencia expresada en un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al respecto: “Si se siguiera el razonamiento del juez Raúl Eduardo Gutiérrez, con las pruebas que se indican, cualquier liderazgo de una protesta social que se oponga a la implementación de una norma o de una resolución de gobierno podría implicar el delito de «alzarse públicamente para impedir la ejecución de una ley o resolución nacional o provincial».

En este escenario, el próximo miércoles 24 de Febrero tendrá lugar un paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato reclama la apertura de las paritarias, un aumento de salarios por encima del 25 por ciento que plantea el gobierno de Mauricio Macri, frenar los despidos de trabajadores/as estatales y el fin de la criminalización de la protesta social. La medida de fuerza se está impulsando en el Estado nacional y en las administraciones provinciales y municipales.

Desde este Consejo Profesional expresamos nuestra adhesión y un llamado a la activa participación en este paro y la movilización a Plaza de Mayo; y en todas las medidas de lucha que surjan desde nuestros lugares de trabajo en su defensa, por los derechos de la población con la que trabajamos, y contra toda forma de represión.

Llamamos a articular acciones y fortalecer nuestras herramientas gremiales, democratizándolas y participando activamente. Ponemos a disposición este Consejo Profesional como una herramienta más en este proceso, llamando a los/as colegas a llenarlo de participación y debatir sobre esta coyuntura, para que esta institución del colectivo profesional esté al servicio de la defensa de nuestros puestos y condiciones de trabajo.

Contra los despidos, recortes y desfinanciamiento de las políticas sociales.

Contra toda represión del conflicto social.

En defensa del salario, negociaciones paritarias por sobre la inflación.

¡Participemos activamente del paro y las movilizaciones del 24 de Febrero, y de todas las medidas que surjan en nuestros lugares de trabajo!

Concentramos a las 11hs. en Lima y Av. de Mayo.

Secretaría General

Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social
Ciudad de Buenos Aires