Desde el Consejo Profesional de Trabajo Social o Servicio Social de la Ciudad de Buenos Aires, queremos expresar nuestro repudio al violento desalojo acontecido el día sábado 23 de agosto de 2014 en el Barrio “Papa Francisco” de Lugano, que deja a más de 500 personas en la calle y sin ninguna respuesta a la grave situación habitacional.


El desalojo fue ordenado por la Jueza Gabriela López Iñíguez, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°14 y llevado adelante por la Policía Metropolitana, Policía Federal y Gendarmería Nacional. El resultado fue un violento operativo con topadoras, que evoca el accionar en las villas durante la última dictadura militar. Hubo personas golpeadas, detenidas, y algunas resultaron heridos/as. Hay familias alojadas provisoriamente en los paradores del GCBA, y otras se encuentran acampando en la Avenida Cruz y Pola, exigiendo una respuesta a las autoridades municipales y nacionales respecto a la grave situación que atraviesan.

La Vice jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, dijo respecto del desalojo que «permitió recuperar el predio para la Ciudad». Nos permitimos destacar que los habitantes del asentamiento Papa Francisco son también parte de la ciudad, y su necesidad de respuestas habitacionales es expresión de un derecho vulnerado a la tierra y la vivienda. La sanción de la Ley 1.770 del año 2005, dispone la Urbanización de toda la Villa 20, que incluye al Barrio “Papa Francisco” y las tierras lindantes, actualmente en manos de la Policía Federal Argentina. El desalojo, lejos está de las respuestas políticas basadas en el respeto al derecho a la vivienda y la perspectiva de urbanización para el barrio.

En el caso particular del Barrio de Lugano, los terrenos en cuestión y otros de la zona, son pretendidos por empresas deportivas y emprendimientos inmobiliarios relacionados al Distrito del Deporte y Villa Olímpica para llevar adelante los Juegos Olímpicos Juveniles del 2018. Ninguno de estos proyectos contempla la gravísima situación habitacional atravesada por miles de personas y familias que habitan la ciudad.

Actualmente en la CABA, cerca de medio millón de personas padece la vulneración de su derecho a una vivienda digna. Según el informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (2012) esta vulneración se expresa en diversas formas: 26 asentamientos precarios, 16 villas de emergencia, 103.963 personas (45.906 hogares) que residen en piezas de inquilinatos, hoteles o pensiones, además de 3.288 familias receptoras de subsidios alojadas en hoteles y 1.950 personas en situación de calle[1].

Retomando la afirmación de la Vice jefa de Gobierno, nos preguntamos: ¿Para quién se recuperó ese predio? ¿Quién merece habitar la ciudad?

El Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, expresó respecto al asentamiento Papa Francisco que “era un nido de delincuentes”[2]. La población del barrio fue definida repetidamente y por diversos medios masivos desde la figura de “usurpadores”. Se puede analizar cómo la construcción mediática y discursiva sobre los pobladores del asentamiento en los días previos y durante el desalojo, tenía un objetivo estigmatizador, destacando hechos de violencia, resaltando fuertemente la tragedia de un asesinato ocurrido en el barrio, y recurriendo al problema del narcotráfico, como un conjunto de elementos legitimadores que construyeran “consenso social” para el accionar represivo y el desalojo. También pudimos escuchar la preocupación por la “contaminación de las tierras”, y la reiterada mención a que se trata de zonas que no están en condiciones de ser habitadas.

Quienes trabajamos cotidianamente en barrios como la villa 20 y el asentamiento Papa Francisco, sabemos que los problemas como la contaminación de las tierras, son el cotidiano de las condiciones precarias del hábitat de la población trabajadora más empobrecida. La villa 20 en particular, padece altos niveles de contaminantes en el suelo, y no sólo en la zona de lo que era el “Papa Francisco”, sino en muchas manzanas de la villa. Durante años, los vecinos/as vienen reclamando el saneamiento y la eliminación del principal foco de contaminación, que es el depósito de autos de la policía federal.

La violencia horizontal, y los estragos que genera el consumo y tráfico de sustancias, sobre todo entre los adolescentes y jóvenes, también son parte de lo que vemos a diario. Conocemos las dinámicas territoriales y los actores que intervienen en la construcción de estos escenarios  de vulnerabilidad, en los que el Estado tiene una fundamental responsabilidad. Mencionar estos problemas sin asumir la responsabilidad en su solución y en la construcción del derecho a la ciudad, es una forma de “naturalización” de la realidad.

Por eso afirmamos que la estigmatización y la legitimación de las respuestas excluyentes y violentas como los desalojos, están en las antípodas de las respuestas habitacionales necesarias. Se trata de políticas de que además de reforzar la vulneración del derecho a la vivienda, contribuyen a la reproducción del prejuicio y la discriminación que pesa sobre la población de los barrios populares. Este tipo de manifestaciones estigmatizadoras es inaceptable, sobre todo cuando provienen de personas con cargos públicos. Reclamamos que todos los dispositivos y efectores estatales deben partir desde la concepción de ciudadanía y los derechos humanos de las personas.

Por soluciones habitacionales integrales.

Por intervenciones no basadas en la represión y la participación de las fuerzas de seguridad.

Por el derecho a la ciudad.

El desalojo no es la respuesta.


[1]

[1] Belcastro, P. y Toscani, M.P (2012).”Estrategias para vivir en la Ciudad. Un desafío de organización colectiva de las familias de los hoteles pensión de Constitución”.

[2]

[2] http://www.infobae.com/2014/08/22/1589439-berni-macri-tuvo-miedo-desalojar-el-asentamiento-papa-francisco