El 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales y No Binaries, es un momento crucial para alzar la voz y reafirmar que la lucha feminista sigue más viva que nunca. En un contexto donde las violencias parecen ser normalizadas o incluso reivindicadas por sectores gubernamentales y sociales, resulta esencial recordar que todes merecemos vivir en una sociedad libre de opresión y discriminación.
La violencia contra las mujeres y disidencias genéricas no es solo un fenómeno individual, sino también un reflejo de una estructura social que sigue funcionando con base en estereotipos y prejuicios. En este sentido, la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género por parte del gobierno nacional, es alarmante. Esta decisión no solo implica el desmantelamiento de políticas clave para la prevención, atención y erradicación de la violencia machista, sino también la afectación directa a quienes trabajaban en la protección y el acompañamiento de las víctimas.
Los datos no mienten: al 30 de octubre de 2024, el Observatorio «Ahora que si nos ven» reportó 207 femicidios en lo que va del año, una tendencia que sigue en aumento, lo que demuestra que la violencia de género no solo persiste, sino que se agrava en muchos casos. El Estado, como responsable directo de estas muertes, debe garantizar políticas públicas efectivas que protejan las vidas de las mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales y no binaries.
Nos solidarizamos con las trabajadoras despedidas de distintas dependencias gubernamentales, cuyas condiciones laborales se han visto fuertemente afectadas. Esta situación, además de sobrecargar de trabajo a un colectivo principalmente feminizado, impacta directamente en la salud integral de gran parte de nuestras colegas.
Por todo esto, exigimos al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reviertan las medidas que vulneran nuestros derechos y que se cumpla con las leyes nacionales e internacionales que obligan al Estado a protegernos de la violencia patriarcal.
