Desde este Consejo Profesional repudiamos enérgicamente y manifestamos nuestra profunda preocupación ante el grave embate a la democracia llevado adelante por el Poder Judicial al proscribir a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, condenándola a seis años de prisión efectiva.
La decisión tomada por los tres cortesanos representa un nuevo ataque del poder concentrado y de los grandes grupos económicos y mediáticos contra la principal referente del movimiento peronista, y constituye una clara violación de los derechos institucionales del pueblo argentino.
Quienes ejercemos nuestra profesión guiados por los principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y respeto a la diversidad, no podemos permanecer en silencio ante esta condena injusta, cargada de misoginia, arbitrariedad y desprecio por un proyecto político que históricamente ha promovido la igualdad, la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la ampliación de derechos.
Esta embestida judicial no solo busca disciplinar a una dirigenta, sino también deslegitimar las luchas populares y desmantelar las políticas sociales que han sido herramientas fundamentales en la lucha contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades estructurales que atraviesa nuestro país.
