Estimadas/os Colegas:

En el día de ayer 29 de diciembre de 2015, ha sido publicado en el Boletín Oficial el decreto 254/2015 a partir del cual se ordena a los ministros, secretarios y autoridades de organismos descentralizados, a las empresas y sociedades del Estado de la administración pública nacional «a revisar los procesos concursales y de selección de personal; en un plazo no mayor a seis meses«.

El decreto autoriza también a revisar «en un plazo no mayor de tres meses las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal de dichos Ministerios u organismos durante los últimos dos años computados desde la vigencia del presente«. Agrega además, la renovación «por el plazo de tres meses las contrataciones de personal en el marco de lo establecido en el artículo 9 del anexo de la Ley 25.164«.

Desde la actual gestión del Consejo Profesional manifestamos una enorme preocupación respecto de las condiciones de trabajo de las/os colegas, ya que su precarización incide directamente en la continuidad y calidad de las Políticas Públicas.

Consideramos que la firma del presente decreto abona a profundizar la precarización laboral, tendencia que se da en los cambios de gestiones de gobierno en detrimento de la continuidad de las políticas públicas;  afirmando la situación de inestabilidad laboral en la que ya se encontraban  trabajadoras y trabajadores públicos; contratados bajo modalidades de trabajo no registrado y en consecuencia no presentan estabilidad a lo largo del tiempo, ni acceso a derechos laborales básicos.

Esta situación se ve agravada siendo que los procesos de revisión se orientan hacia una clara amenaza de pérdida de fuentes laborales, no sólo de contratados sino también a quienes habiendo concursado consiguieron la estabilidad del pase a planta.

Continuamos participando como Consejo Profesional, activamente por las condiciones de vida y de trabajo del colectivo. Nos encontramos articulando con diversos espacios de organización de base, a fin de avanzar en estrategias conjuntas en defensa de condiciones que garanticen el pleno desarrollo del ejercicio profesional.