El avasallamiento a los derechos de las personas, las restricciones a los servicios y a los recursos que se dan en la política pública se están agudizando en diferentes instancias y la tercera edad no escapa a ellos.
Junto con estas restricciones a la ciudadanía, vienen las restricciones a las/os trabajadoras/es profesionales que intervenimos con ellas. La situación del PAMI, como la de los hogares convivenciales del GCBA son un ejemplo de esto.
En el caso de los profesionales que se jubilan o renuncian, no se realiza la contratación de nuevos colegas para cubrir esos cargos, sino por el contrario se le asigna mayores tareas a quienes ya se encontraban trabajando. Muchos puestos laborales se pierden.
En el caso de la presente ley se excluye a las/os trabajadores sociales de los equipos de salud destinados a la atención de la población.
Desde este Consejo Profesional se está trabajando para que esta situación se revierta. En función de ello, gestamos diferentes acciones para que la Legislatura conozca nuestra posición en relación a este acto de discriminación del colectivo profesional, que finalizó con la presentación de la solicitud formal de una reunión a la Comisión de Salud de ese órgano.
También estamos generando contactos con otras asociaciones de profesionales excluidas en esta ley para sumar adhesiones.