Registrándose 4413 personas en situación de calle en el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 2017 y 7251 personas en ésta situación en el Segundo Censo Popular realizado este año, vemos con alarma el aumento de esta problemática.
Este escenario cobró visualización mediática a partir de la lamentable muerte de Sergio Zacarías,ciudadano de 52 años que se encontraba en situación de calle desde hacía meses, en el microcentro porteño. Esta muerte generó una nueva red de solidaridad entre los ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, que colaboraron con recursos humanos y materiales para paliar el frío y el déficit alimentario de estas personas.
Desde nuestro colectivo profesional, a la vez que celebramos las acciones realizadas por la sociedad civil, expresamos nuestra preocupación y rechazo por las deficientes políticas sociales para abordar la problemática de las personas en situación de calle, por parte del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Porque esta situación se debe solucionar desde el reconocimiento de derechos por parte del Estado, evitando nuevas muertes yasegurando la calidad de vida de todas las personas.
En la actualidad, el número de personas en situación de calle crece a diario y se proyecta que lo siga haciendo sino median políticas sociales integrales para evitar estas realidades. Sabemos que los factores que llevan al crecimiento de esta población son multicausales, pero la preponderancia del aumento acelerado en los últimos años se debe a la crisis económica y social que golpea fundamentalmente a las clases bajas y medias por un lado; y a la implementación de políticas sociales fragmentadas, expulsivas y focalizadas de los organismos gubernamentales.
Como toda respuesta, las acciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos en la cabeza de Rodríguez Larreta pasan por desconocer los números del censo generado por las organizaciones sociales, criticar las iniciativas solidarias que intentan hacer lo que el Gobierno no hace y, lo que es más grave, maltratar y correr a estos vecinos de sus lugares de pernocte.
Frente a esta realidad, es urgente exigir la reelaboración de políticas públicas que tiendan a detener los desalojos, incrementar los subsidios habitacionales (tanto en su contraprestación monetaria como en su cantidad y en el acompañamiento en los casos necesarios), habilitar nuevos hogares para las familias, mejorar las condiciones de los paradores (transformándolos en Centros de Integración Social, tal como lo plantea la Ley), asegurar la alimentación diaria y generar programas de inclusión laboral para todes los sujetos en esta situación.
Desde nuestro colectivo profesional creemos que desde el Estado se debe convocar a mesas de articulación entre los actores sociales involucrados en la problemática, para dar respuestas que aseguren la vida y un umbral digno de bienestar para todas las personas que se encuentran en situación de calle.
Consejo Profesional de Trabajo Social – CABA
Secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales
