Posicionamiento del Consejo Profesional ante los cambios proyectados en el pliego de residuos sólidos urbanos (RSU) de CABA y sus posibles consecuencias sobre el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos.
Desde el Consejo Profesional de Trabajo Social y Servicio Social de la Ciudad de Buenos Aires expresamos nuestra preocupación por los cambios proyectados en el pliego de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y por las posibles consecuencias que podrían tener sobre el trabajo que las cooperativas de recuperadores urbanos vienen sosteniendo desde hace más de veinte años, a partir de los procesos de organización surgidos en el contexto de la crisis de 2001. La Ley 992/02, que incorporó a los recuperadores a la recolección diferenciada y reconoció su rol en la gestión de los residuos, fue un antecedente fundamental de esta política pública.
La gestión de los residuos no puede entenderse solo como una cuestión de higiene urbana: es también una política ambiental, laboral y de inclusión social, construida a través de la organización colectiva y el trabajo sostenido de miles de recuperadores y recuperadoras. Las cooperativas cumplen un papel clave para el cumplimiento de la Ley 1.854 de Basura Cero, en particular en la recuperación de materiales reciclables, la reducción de residuos destinados a disposición final y el desarrollo de una gestión integral de los residuos.
A lo largo de estos años, las cooperativas no solo llevaron adelante una tarea ambiental fundamental, sino que también generaron procesos de organización, empleo y acceso a derechos. Junto con equipos profesionales – entre ellos, trabajadores y trabajadoras sociales – abordan además problemáticas sociales complejas, como los consumos problemáticos, las violencias y otras situaciones de vulneración de derechos.
Reconocemos que hay aspectos del funcionamiento del sistema que pueden y deben mejorarse. Para eso es necesario un acompañamiento más activo por parte del Gobierno de la Ciudad, con recursos, asistencia técnica, diálogo y participación real de las cooperativas. Mejorar el sistema no puede significar poner en riesgo la continuidad de los puestos de trabajo ni los procesos de inclusión social construidos durante décadas.
Por eso solicitamos que cualquier modificación del pliego garantice la continuidad laboral, reconozca el papel de las cooperativas y contemple su participación efectiva en las decisiones que afectan su actividad. El debate debe darse con transparencia, diálogo y compromiso con los derechos ya conquistados.
Desde el Consejo Profesional de Trabajo Social y Servicio Social de la Ciudad de Buenos Aires reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del ambiente, el trabajo digno y la inclusión social, entendiendo que son dimensiones inseparables de una política pública justa y sostenible.
Defender el trabajo de las cooperativas es también defender una política ambiental con inclusión social, derechos y responsabilidad pública.
