Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado que en 1976 dio inicio al genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar hasta 1983, desde este Consejo Profesional seguimos sumando nuestra voz a los reclamos por Memoria, Verdad y Justicia.
A 41 años del inicio de la dictadura, numerosos procesos judiciales contra organizadores y ejecutores del terrorismo de Estado siguen abiertos. Como contracara de lo alcanzado en cuanto a represores juzgados y condenados desde el retorno democrático, persiste también un significativo número de genocidas sin juicio y castigo. Numerosos ejecutores del terrorismo de Estado han encontrado su propio envejecimiento y fallecimiento, antes de enfrentar los tribunales. Otros tantos, comienzan a ser beneficiados con prisión domiciliaria. Participantes y cómplices civiles de la represión siguen impunes. Incluso el anterior jefe del Ejército en funciones hasta 2015, César Milani, se encuentra hoy acusado y procesado por su participación en la represión. Tal, es la complejidad de esta etapa. Tal, la persistencia de actores vinculados a la dictadura militar en diversos estamentos del Estado, las fuerzas de seguridad, y hasta en estructuras de organizaciones civiles.
Los meses que pasaron fueron escenario de preocupantes expresiones por parte de funcionarios públicos, reinstalando un discurso que pone en duda el carácter genocida de la dictadura, y hasta la cantidad de detenidos/as desaparecidos/as, atrasando treinta años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Desde el fallido intento de mover el feriado del 24 de marzo como un día más y no como lo que es: un símbolo de lucha, de memoria y movilización; hasta las expresiones de funcionarios de diverso rango cuestionando el número de 30.000 detenidos/as desaparecidos/as, y volviendo a instalar discursos que fueron pilares de la llamada “teoría de los dos demonios”.
El mismo presidente Mauricio Macri en su momento evitó pronunciarse sobre las víctimas del genocidio, en su caso relativizando la cantidad de detenidos/as desaparecidos/as con una actitud esquiva ante la pregunta concreta por las 30.000 víctimas del terrorismo de Estado, con un –nada casual- planteo de no saber “si fueron nueve mil o treinta mil…”
La intervención represiva del Estado sigue desplegándose en diversos niveles, orientada tanto al disciplinamiento de la protesta social como al control social de los sectores populares, la juventud, la población migrante. La cacería desplegada por la policía en el contexto de las enormes movilizaciones del movimiento de mujeres alrededor del 8 de Marzo; los crecientes niveles de violencia institucional hacia niñez y juventud de los sectores populares; la xenofobia expresada en los cambios sobre la política migratoria (sobre los cuales el Estado Argentino ha sido interpelado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH); la persistencia de la detención arbitraria de Milagro Sala y otros/as procesados y detenidos por motivos políticos; la presencia policial en escuelas, intimidando y haciendo inteligencia sobre los y las docentes que adhieren a los paros; hasta la preocupante resolución del Ministerio de Defensa sobre la intervención de efectivos de las fuerzas armadas en la elaboración de “informes socio-ambientales” -frente a la cual desde este consejo profesional expresamos nuestro rechazo y preocupación (ver comunicado en https://goo.gl/UhPquQ) -, son sólo algunos ejemplos. Elementos que dan cuenta de que las medidas regresivas, la pérdida de derechos, los retrocesos en condiciones de vida, son siempre acompañadas de mayores niveles de represión y disciplinamiento social.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del Consejo Profesional de Servicio Social y/o Trabajo Social de CABA seguimos convocando a construir un colectivo profesional presente en las movilizaciones del próximo 24 de Marzo por memoria, verdad y justicia; un colectivo profesional presente en la defensa y reivindicación de derechos hoy.
Son 30.000
Fue genocidio
Compañeros y compañeras detenidos/as y desaparecidos/as presentes!