El Consejo Profesional ante los recortes de pensiones no contributivas

 

Con repercusión mediática en los últimos días, aunque con claras señales de preocupación y acciones de denuncia por parte de colegas y trabajadores/as de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) ya desde 2016, está teniendo lugar un repudiable recorte de pensiones no contributivas -mayormente pensiones por discapacidad- como política del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde la asunción de la gestión del presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015.

Si bien los pedidos de un informe oficial y una eventual presentación de la ministra Carolina Stanley ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación para dar cuenta de esta situación todavía no se concretan, los datos difundidos por los medios de comunicación estiman en 170.000 las pensiones dadas de baja o suspendidas desde diciembre de 2015 a la fecha. De este total, 83.000 ocurrieron en lo que va del año. A este retroceso de derechos adquiridos se suma una tendencia a la baja en el otorgamiento de nuevas pensiones, lo que se evidencia en que en 2016 fueron otorgadas poco menos de la mitad que las aprobadas en 2015.

El discurso de la gestión se basa en supuestas irregularidades en las pensiones otorgadas en años anteriores, y que las suspensiones o cancelaciones son una “normalización” y “depuración” del padrón de pensionados/as. No podemos dejar de comparar este argumento con el que se ha buscado instalar para desacreditar y estigmatizar el trabajo en el Estado como justificación a recortes, despidos y cierres de programas en nombre de terminar con los supuestos “ñoquis”. Con las pensiones por discapacidad, la herramienta utilizada para la aplicación de suspensiones ha sido un decreto promulgado durante el menemismo –anterior a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008 y de rango constitucional desde 2014, siendo una norma superior- del cual desprenden los criterios y requisitos para concluir que a las personas ya no les correspondería este derecho. Entre ellos se incluyen situaciones como: que el cónyuge de la persona pensionada esté cobrando también una pensión o jubilación; tener un bien a su nombre, como un vehículo (sin importar cuán necesario sea para la persona, y que nada tenga que ver con un bien suntuario o de lujo); que tutor, cónyuge o consanguíneo obligado de quien recibe la pensión tenga ingresos por más de 19.000 pesos; que la evaluación del nivel de discapacidad sea menor a un 76%.

Todas situaciones que a nuestro entender no dan cuenta ni de ausencia de la necesidad, ni de incompatibilidad por otros ingresos, y que confunden un derecho adquirido de las personas con discapacidad con una política asistencial condicionada.

Asimismo repudiamos la falta de comunicación a los afectados y consideramos improcedente la manera en que las personas con discapacidad tomaron conocimiento de la pérdida de su beneficio.

Cabe recordar que estamos hablando de pensiones que rondan los 4 a 5 mil pesos, en una sociedad en que los ingresos para no estar bajo la línea de pobreza ya alcanzan los 14 mil, según el INDEC. Estos recortes son un tremendo golpe para las economías de individuos y grupos familiares cuyos ingresos ya están siendo golpeados por la inflación, las paritarias a la baja, el desempleo y la recesión económica.

Sumado a la pérdida del ingreso, se pierde la cobertura de salud y las prestaciones que de ello derivan: escuela especial, CCT, centros de día, centros de rehabilitación, medicación, transporte, etc. Estas prestaciones serían imposibles de afrontar por un presupuesto familiar.

El argumento de fomentar la “autosuficiencia” y la incorporación al mercado de trabajo de las personas a las que se quita la pensión, no puede entenderse más que como una respuesta cínica en el contexto económico más regresivo de los últimos años, en el que recientemente miles de jóvenes se volvieron a sus hogares sólo con folletos y propuestas de pasantías ad-honorem luego del fiasco en que resultó la “expo empleo joven” organizada por el gobierno de la ciudad. A las dificultades propias de este contexto de recesión, se suman restricciones adicionales que encuentran las personas con discapacidad a la hora de buscar un trabajo.

Desde el Consejo Profesional de Graduados/as en Servicio Social o Trabajo Social de CABA no sólo nos manifestamos en contra de estos recortes, que son parte de un conjunto de medidas regresivas que atacan el poder adquisitivo y las condiciones de vida de los sectores populares, y que son el programa económico de este gobierno, sino que planteamos la necesidad de articular acciones como colectivo profesional para que desde nuestras incumbencias profesionales y amparados en concepciones éticas y en la promoción y defensa de los derechos humanos, podamos posicionarnos colectivamente para no ser la “cara” del ajuste y la pérdida de derechos.

Son colegas, quienes reciben a personas que dejaron de acceder a un derecho y deben dar explicaciones inconsistentes en nombre del Estado.

Son colegas, quienes quedan expuestas/os ante la población más vulnerable y no pueden responder ante la pérdida de sus medios de vida.

Son colegas, las y los que deben argumentar demoras por gestiones que cumplen todos los requisitos pero no avanzan hace meses por decisión política.

Son colegas, las y los que terminan siendo la cara del ajuste y la pérdida de derechos, cuando en realidad provienen de decisiones políticas que vulneran todo su proceso de intervención profesional.

Por los derechos de la población y por la defensa de nuestro ejercicio profesional, decimos NO a la baja de pensiones no contributivas. En este sentido, seguiremos difundiendo las diversas iniciativas, espacios de asesoramiento jurídico, acciones de amparo, y otras medidas que desde diversas organizaciones de la sociedad civil, la defensoría del pueblo, y colectivos de personas afectadas por estas medidas se están iniciando. De la misma manera, el Grupo de Discapacidad que funciona en el consejo profesional está a disposición como espacio de consulta y asesoramiento. Convocamos al colectivo profesional a construir acciones para frenar y revertir esta política de ajuste que recae sobre los sectores sociales más vulnerables.

 

 

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