Sobre el debate respecto a la baja de la edad de imputabilidad

En las últimas semanas, dos ministros/as nacionales, Patricia Bullrich y Germán Garavano, explicitaron la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad, con el objetivo de habilitar la detención en cárceles comunes para chicos y chicas, menores de 16 años, no punibles según el régimen actual. Con su cinismo habitual, los funcionarios apelan al hecho de que el «régimen penal aplicable a los menores» es una ley de la dictadura, para impulsar modificaciones totalmente alejadas del paradigma de derechos humanos, y que tienen un fin claramente persecutorio y disciplinador.

Como suele pasar en los meses previos a las elecciones, esta problemática de gran sensibilidad es utilizada por distintos espacios políticos para sumar votos. Bajo la promesa de «combatir la inseguridad», se hace campaña profundizando la estigmatización y la persecución de los jóvenes de sectores populares, sin atender las causas que sostienen un sistema de exclusión y desigualdad. Se ofrecen respuestas punitivas en lugar de inclusivas.

Los dichos de los ministros se suman a la serie de desaciertos de Cambiemos respecto a la temática. El traspaso de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores (DINAI) al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contradice la legislación vigente. Como enunciamos en septiembre del año pasado, lo que se cuestiona no es la descentralización de los dispositivos. La gravedad del traspaso de la DINAI a la órbita del CDNNyA radica en que el Gobierno porteño decide, incumpliendo las leyes de protección integral de derechos de niños/as y adolescentes, transferir la ejecución de las políticas públicas al organismo que tiene el deber de monitorearlas.

Frente al decreto del GCBA que establece el traspaso, el Consejo Directivo de ATE Capital, acompañado por legisladores/as de la CABA, plenaristas del CDNNyA y organizaciones de derechos humanos, presentó una medida cautelar ante el Juzgado Nº 2 de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo (CABA), titulada «Consejo Directivo de Capital Federal de la Asociación Trabajadores del Estado y otros contra GCBA sobre amparo» (Número: A35118-2016/0), que consiguió frenar la transferencia temporalmente. La situación continúa sin una resolución definitiva. De concretarse, la decisión del Gobierno porteño supondría obturar la capacidad del Consejo de velar por los derechos de los/as jóvenes que se encuentran en los dispositivos de encierro.

Es necesario que se generen instancias de debate amplias para desarrollar un sistema de responsabilidad penal juvenil que no sea regresivo, sino superador del decreto ley de la última dictadura. Un sistema que sea acorde a la Convención de los Derechos del Niño, la Ley nacional de protección integral de niños, niñas y adolescentes 26061, y las reglamentaciones provinciales y de la CABA. Dicho debate no puede ignorar las consideraciones realizadas desde el Plenario del CDNNyA, las opiniones de diversas organizaciones con conocimiento en la materia y, sobre todo, la voz de los/as trabajadores/as que día a día ponen el cuerpo, con compromiso y esfuerzo, para sostener políticas públicas empobrecidas.

Desde nuestro posicionamiento ético y político, nos resulta indispensable manifestar nuestro repudio ante las declaraciones y proyectos de ley que pretenden resolver la exclusión y el abandono en el fuero penal, agravando castigos y agudizando la marginalidad. Declaraciones como las de Bullrich y Garavano no hacen otra cosa que tratar de desligar al Estado de su responsabilidad de aplicar políticas públicas integrales y de calidad, que favorezcan la inclusión y el pleno desarrollo de niños/as y jóvenes.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre el segundo trimestre del año pasado, muestra que en Argentina casi el 50% de los/as chicos/as menores de 14 años vive en hogares pobres. A este panorama debemos sumar el déficit sistemático que vienen sufriendo los diferentes programas orientados a la restitución y promoción de derechos en todo el país. Prueba de esto es el lugar insignificante que ocupan las políticas sociales en los presupuestos provinciales y de la CABA; la ausencia, el desconocimiento o el incumplimiento de protocolos, proyectos institucionales y marcos legales establecidos; la falta de recursos de todo tipo y las persistentes condiciones de precarización.

A lo largo de todo el 2016 y en lo que va del 2017, desde la Junta Interna de Promoción Social expusimos, con información fehacientes, las dificultades en el acceso a programas de inserción educativa y laboral, el bajísimo monto de las becas que permiten su sostenimiento, la escasez de espacios de recreación y la burocratización de los servicios del Estado. Visibilizamos las condiciones de hacinamiento de los hogares donde el Gobierno porteño aloja a bebés y niños/as, en inmuebles con peligro de derrumbe y riesgo de electrocución, adonde la comida en algunos casos llega con insectos. Mostramos, también, la crudeza de la falta de vacantes en los dispositivos convivenciales, que somete a cientos de niños/as a continuar viviendo en la calle o con grupos familiares que ejercen violencia o abuso hacia ellos/as, y que obliga a adolescentes en situación de explotación sexual a dirimir si pasan la noche en la calle o con su proxeneta.

Este panorama se complejiza con la devaluación y el ataque a la educación pública, a través de la subejecución del presupuesto en el Ministerio de Educación nacional, que junto con un mercado laboral expulsivo dejan al descubierto la política del macrismo: seguir agudizando la injusticia social.

Somos muchos/as los/as trabajadores/as estatales que venimos desenmascarando esta realidad y organizándonos para darle pelea. Salvo casos excepcionales, los medios masivos de comunicación esconden las condiciones en que se encuentran los/as pibes/as. Los funcionarios/as de las distintas dependencias nos hostigan a través de traslados compulsivos hacia otros sectores de trabajo, avalando el accionar de patotas que buscan restringir nuestra libertad sindical, o criminalizándonos mediante el armado de causas judiciales.

Desactivar la organización de los/as trabajadores/as se torna más importante que fortalecer las políticas de protección de derechos. Como ejemplo de ello, los/as trabajadores/as del Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal (CREU) de Lomas de Zamora, se encontraron con la noticia de que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió el traslado de varios de sus compañeros/as, incluyendo a delegados gremiales. Este efector, a partir de la capacidad de organización y lucha de los/as trabajadores/as, había logrado posicionarse como el centro con mayor proporción de operador/a por pibe/a y fomentar la aplicación de políticas que se diferenciaban del modelo represivo. El mecanismo de acecho hacia trabajadores/as comprometidos/as con sus tareas se activó una vez más. Los/as funcionarios/as responsables una vez más eligieron jerarquizar este objetivo, en lugar de priorizar las vinculaciones con los/as chicos/as, a quienes se les vuelven a quitar las referencias afectivas, reforzando el estado de desprotección y abandono.

Según manifiesta un informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), las fuerzas de seguridad matan a un menor de 25 años cada 50 horas. En el último año asistimos en la CABA a diferentes episodios de represión y persecución en distintos barrios, que demuestran que la línea gubernamental es asociar juventud, pobreza y delincuencia.

Para los diferentes gobiernos, estos/as pibes/as son desechables. Se invisibiliza y se naturaliza que niñas y adolescentes sean desaparecidas para ser prostituidas, que centenares de pibes sean asesinados por las fuerzas represivas, que chicas y chicos sean arrasados/as por el consumo de paco o que vivan en situación de calle. Es claro que el eje no está donde debiera. ¿Cuántas noticias muestran el castigo a proxenetas, a traficantes, a policías o a gendarmes asesinos?

Inaugurar el año electoral con las declaraciones de diferentes representantes del Gobierno nacional implica que, lamentablemente, la idea de bajar la edad de imputabilidad conecta con el sentido común de una parte de la sociedad. Quienes trabajamos en el ámbito de la niñez y la adolescencia, tenemos la responsabilidad de intervenir en el debate con una posición que vuelva a poner el eje donde tiene que estar: cómo promover, desde el Estado, un sistema de protección que habilite el pleno desarrollo, con acceso a derechos, con igualdad de oportunidades, en pos de generar condiciones que permitan construir relaciones igualitarias.

Mecha Martínez, Vicente Zito Lema, Silvia Viñas, Ana Laura López, Damián Quilici. El debate acerca de bajar la edad de imputabilidad de niños, niñas y adolescentes de Argentina se enmarca en una política general de criminalización a la pobreza –atravesada por el escenario electoral- donde, de la mano de los grandes medios de comunicación, se construye una realidad que no es tal. Las estadísticas indican, por dar un ejemplo, que: en la provincia de Buenos Aires, sólo el 4% de las causas penales judiciales corresponden al fuero de menores. Eso significa que la incidencia del delito juvenil de menos de 18 años es insignificante. Esta tendencia se mantiene estable hace años, desde que existen estadísticas del fuero penal juvenil bonaerense (2009). Si hacemos un zoom en ese 4% y lo tomamos como un total (100 por ciento) encontramos que sólo el 1% de esos delitos son delitos graves contra la vida (homicidios culposos y dolidos). Estas cifras dejan ver que ni el “peligro”, ni la “inseguridad”, son sensaciones producidas por ellos. Como contracara, los jóvenes varones de los sectores populares viven en su cotidiano apremios y detenciones ilegales, el armado de causas, la utilización de los jóvenes como mano de obra de policía (Luciano Arruga como caso testigo y emblema de la lucha); una selectividad que los convierte en presas que el Estado persigue y encierra por algunos delitos –que se desprende de la sencilla lectura de estadísticas oficiales disponibles-. Sumado a esto, la ausencia en la garantía de derechos de estos jóvenes que significa el no acceso a educación, salud, vivienda, trabajo digno, demuestra que quiénes están en peligro son nuestros pibes. De acuerdo a los últimos datos, más de un 30% de la población de nuestro país es pobre, y en menores de 14 años el porcentaje trepa al 47.4%. Este es el contexto donde el actual gobierno y los sectores de poder, agitan la bandera para bajar la edad de imputabilidad. Cuando realizamos este documental lo hicimos buscando poner en tensión los discursos que reproducen contenidos que agudizan la criminalización y estigmatización de los niños y jóvenes de sectores populares. En esta coyuntura nos sumamos a las cientos de organizaciones, colectivos profesionales, asociaciones, agrupaciones y personalidades y decimos NO A LA BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD, NINGÚN PIBE NACE CHORRO. Ponemos a disposición la película de las iniciativas que surjan a partir de las campañas vigentes sobre este tema. Buenos Aires, 31 de enero de 2017 Equipo y protagonistas de PIBE CHORRO.