FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS OPINIONES QUE PROPONEN LA REIMPLANTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO PARA MAS DE 900.000 JOVENES DE ENTRE 18 Y 24 AÑOS QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN.

En el transcurso de los últimos meses la sociedad argentina ha escuchado con asombro la propuesta de algunos dirigentes políticos y sociales de reinstaurar el “Servicio Militar obligatorio” como dispositivo para “contener a los jóvenes que no estudian, ni trabajan”.

Se supone que con ello se producirá un fuerte descenso de los niveles de inseguridad, considerándose que las Fuerzas Armadas son las instituciones idóneas para formarlos, y lograr este mágico cambio consistente en reordenar la vida de “estos jóvenes problemáticos”.

Incluso, se propone que en el término de 6 meses se los forme en aspectos tales como la “protección de menores, de personas de la tercera edad y discapacitados; asistir a la construcción de caminos y el sembrado de tierras”, verdadero programa curricular para desposeídos; como si estos aprendizajes no fueran valiosos para todos los jóvenes.

Dos cuestiones a revisar: Por un lado, el reconocimiento de los JÓVENES COMO SUJETOS DE DERECHO; y por otro, LA VUELTA A PRÁCTICAS DE CONTROL SOCIAL DESCARTADAS A PARTIR DEL ADVENIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.

La situación de los jóvenes que no han podido terminar sus estudios básicos, ni logrado insertarse en el mercado de trabajo con un “empleo digno”, debe ser considerada como un problema de Estado, y una obligación indelegable a resolver.

No existen dos tipos de jóvenes, están los jóvenes argentinos que tienen derecho a la salud, a la educación, a expresarse, a la recreación, a la formación profesional, al trabajo, a la justicia, a disponer de las condiciones necesarias para organizar un proyecto de vida personal digno y con futuro esperanzador.

La seducción que todavía persiste en algunos sectores de impulsar modalidades, tipo “reformatorio”, estigmatizantes y discriminatorias para vastos sectores de la población en situación de máxima vulnerabilidad, lejos de avanzar hacia una verdadera inclusión social, configura un retroceso en los postulados éticos, políticos y metodológicos que sustenta nuestra intervención profesional.

El Servicio Militar aparece en nuestro país instaurado por la “Generación del 80”. Como instrumento militar debe ser enmarcado y contextualizado en el período histórico y social en que surgió; con objetivos claros como satisfacer la necesidad de los Estados modernos de asegurar la seguridad externa y las guerras de masa existentes en esa época.

En sus comienzos constituyó un servicio a la patria de carácter universal, para todos los jóvenes a partir de los 18 años, sin importar su condición social.

Conforme perdían significación las hipótesis de guerra, pasó a convertirse en un mecanismo de aglomeración de contingentes de jóvenes pobres, que debían ser sustraídos temporalmente del cada vez más estrecho mercado de trabajo; ya que los jóvenes de los sectores más acomodados debían invertir ese tiempo en formación de calidad.

Con el tiempo, sus funciones fueron dolorosamente reorientadas al control interno de la sociedad con la instauración de la Dictadura Cívico Militar. Se incorporó a los “reclutas” a una guerra fratricida que enfrentó a jóvenes contra jóvenes, dejando secuelas que hoy todavía no se han podido superar.

La muerte del soldado CARRASCO puso en claro la cruel realidad que vivían nuestros “colimbas” y el valor que se le daba a su trabajo. Su muerte constituyó un punto de inflexión, y La Constitución Reformada de 1994 lo eliminó como obligatorio, quedando abierta la posibilidad de un Servicio Militar voluntario, como el que existe en la actualidad.

Si bien es cierto que uno de los sectores con mayores dificultades para acceder al trabajo son los jóvenes de todos los sectores sociales, esta situación se ve agravada notablemente en aquellos pertenecientes a los niveles socio – económicos más desfavorecidos de nuestra sociedad.

La falta de trabajo, de formación de calidad y la presencia de factores de riesgo asociados al consumo de drogas, cada vez más presente en nuestra sociedad, los hace más vulnerables y constituyendo un verdadero tránsito a la exclusión social, de no mediar una intervención fundada de las instituciones del Estado.

Por tanto:

Nos oponemos con vehemencia a considerar el servicio militar obligatorio para “jóvenes que no estudian ni trabajan” como argumento para luchar contra la inseguridad pública.

Consideramos que medidas como estas significan en nuestra sociedad, imponer más castigos al castigo que significa ser joven y pobre.

Concebimos “la cuestión social” de nuestro tiempo, desde una perspectiva holística y situada del conflicto social, lo que conduce a formular propuestas integrales y universales de política social.

Sostenemos que trabajar con los jóvenes pobres, considerándolos como uno de los causantes principales de los males sociales, implica hacer una interpretación mal intencionada de algunos sectores del poder, que pretenden mostrar que hacen mucho para “protegerlos”, cuando en realidad no hacen más que exculparse por las verdaderas causas que no pueden resolver, como la desigual distribución del ingreso, la desigualdad y la exclusión social.

Compartimos la necesidad de contar con un sistema judicial, sustentado el paradigma integral de los derechos, y que deje de encubrir a aquellos jueces que siguen aplicando medidas basadas en concepción de la situación irregular.

Reclamamos una real participación de los jóvenes como protagonistas en el debate y definición de políticas activas en su beneficio.

Reconocemos que el cambio de paradigma se hará efectivo en la práctica cuando puedan superarse los discursos represivos sustentados en el control social, como aquellos postulados con fuerte carga ideológica sin sustento concreto en la realidad que les toca vivir.

La FAAPSS alienta a todas/os las y los colegas profesionales del país a comprometerse en la lucha por los derechos de los jóvenes y pronunciarse enfáticamente contra cualquier expresión de discriminación, criminalización y menoscabo de su condición como sujetos de derecho.

Santa Rosa, 16 de Mayo de 2014