FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS EXPRESIONES VERTIDAS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS REFERIDOS A ADOLESCENTES Y MUJERES DE NUESTRO PAÍS
Los/ as Trabajadores Sociales repudiamos toda expresión pública que conlleve implícita o explícitamente mensajes de denigración, estigmatización, discriminación y menoscabo dirigido hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
Actualmente a lo largo y a lo ancho del país constatamos cada vez con mayor frecuencia la aparición de mensajes de carácter humillantes y discriminatorios dirigidos a mujeres y niños/as, por parte de funcionarios públicos y/o dirigentes sociales, desconociendo y menoscabando el pleno ejercicio de los derechos.
Días atrás, la Asamblea Permanente de Trabajadores/as del Consejo Provincial del Niño/as, Adolescente y Familia de Paraná – Provincia de Entre Ríos-, emitió un comunicado en el que manifiestan su profundo repudio a los mensajes vertidos, por el Diputado Provincial Rubén Almará con relación a una entrevista mantenida con una adolescente de 15 años, en un programa de radio que conduce, en Radio “La voz” de Paraná. En el transcurso de la entrevista el legislador interrogó a la adolescente con preguntas ostensiblemente ominosas y degradantes hacia su condición de adolescente, a la vez que opiniones humillantes y discriminatorias hacia su condición de mujer.
En otro orden, el pasado 27 de Marzo, a través del medio periodístico “Tiempos del Sur” tomamos conocimiento de opiniones vertidas en redes sociales por una funcionaria del Poder Ejecutivo Provincial, Sra. Orieta Gallego, Secretaria de Estado de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz, quien manifestó que la “mayoría de los asesinos son menores”, reclamando luego la vuelta al servicio militar como solución a un diagnóstico totalmente mal intencionado por parte de quien debiera velar por la protección de los mismos.
Estos dos ejemplos, representativos de tantos otros que cotidianamente escuchamos, no hacen más que poner en evidencia que todavía existen vastos sectores de la población (dirigentes, líderes, medios de comunicación etc.) que impunemente cometen actos que por acción u omisión atentan contra los acuerdos básicos a los que ha llegado nuestra sociedad en términos de respeto a la dignidad de las personas.
Quienes ejercen la función pública están doblemente obligados a respetar desde la acción y la opinión los preceptos consagrados en los Pactos Internacionales integrados a nuestro plexo constitucional y las leyes nacionales y provinciales específicas relativa a la sanción de toda forma de discriminación y violencia material o simbólica sobre todo hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad tales como los niños/ as, adolescentes y mujeres en razón de su raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión pública y gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos etc.
Expresión de ello son las normas previstas en la Ley 26061 de “Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”; Ley 26.485 “Para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda forma de Violencia contra la Mujer”, Ley 23.952 “Antidiscriminación”; Ley 26.522 de “Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual”, entre otras.
Más grave aún, es que frente a estos denigrantes mensajes, opiniones y valoraciones, no hayan aparecidos manifestaciones de condena y sanción pública por parte de las autoridades que ocupan los máximos niveles de conducción y que tienen incidencia jerárquica sobre los autores de semejantes atropellos.
EN TAL SENTIDO Y COMO COLECTIVO PROFESIONAL PERTENECIENTE A LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES
EXPRESAMOS:
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Nuestra mayor condena y repudio a las opiniones vertidas por los funcionarios señalados anteriormente de las provincias de Entre Ríos y Santa Cruz.
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Nuestro apoyo y acompañamiento incondicional a las acciones cursadas por los Colegios profesionales de las Provincias de Entre Ríos y Santa Cruz en la lucha contra estos atropellos a la dignidad humana.
EXIGIMOS:
1-A los representantes de gobierno, organizaciones sociales, y medios de comunicación el resguardo y tratamiento respetuoso de la imagen pública y dignidad de las personas en general y de los niños / as y adolescentes en particular.
2-El manejo con la mayor seriedad posible de la información estadística disponible relativas a la situación de la infancia y adolescencia.
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A las instituciones del Estado Nacional, Provincial y Municipal una intervención decisiva y los recursos presupuestarios pertinentes para concretar las políticas públicas declamadas y no siempre plasmadas en la realidad concreta con la que trabajamos.
CONVOCAMOS:
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A todos los y las colegas profesionales de Trabajo Social a realizar una manifestación masiva y por todos los medios a nuestro alcance a liderar y concretar pronunciamientos y acciones repudio a estas y otras formas de vulneración de los sujetos de derecho con los que trabajamos y exigir el cumplimiento de las políticas sociales de protección y amparo de los mismos.
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A la comunidad en su conjunto a expresarse firmemente en defensa de los derechos humanos como condición sine qua non para alcanzar la paz y la justicia social en nuestro pueblo.
