Desde el Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social de CABA seguimos con preocupación los cambios y las intenciones de implementar medidas en la política migratoria argentina que refuerzan discursos xenófobos y contrarios a los derechos humanos de las personas migrantes.
Tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 firmado por el Presidente de la Nación en enero de 2017, como el proyecto de ley presentado por el senador Pichetto en el mismo mes, establecen modificaciones a la legislación vigente en un sentido regresivo en el plano de los derechos de las personas migrantes, con claro contenido de disciplinamiento social y asociando peligrosamente la política migratoria con la política criminal. Es decir: aplicando argumentos y objetivos vinculados a las políticas de seguridad y la lucha contra el crimen, en un campo en el que nada tienen que hacer: el derecho humano de cualquier persona a la movilidad migratoria.
El pasado 21 de marzo, en audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente- la representación del Estado Argentino eludió dar cuenta y responder a los argumentos planteados por organismos de derechos humanos presentes en la sesión, que señalaron las vulneraciones de derechos que plantea el DNU firmado por el presidente Macri: establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia; se amplían las posibilidades de detención de migrantes en procesos vinculados a expulsión por irregularidad migratoria y aunque no medien ilícitos; viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones; la Dirección Nacional de Migraciones pasa a tener la última palabra en tanto se prohíbe al poder judicial revisar sus decisiones; habilita la cancelación de residencia y la expulsión por delitos menores como la resistencia a la autoridad, con la amplitud y arbitrariedad con que puede aplicarse este concepto, y el claro efecto desalentador de la participación de las personas migrantes en las protestas sociales; todo esto, generando también consecuencias sociales al alimentar la violencia policial y la xenofobia institucional en los hospitales, las escuelas y otras instituciones públicas.
El pasado 3 de abril desde este Consejo Profesional nos sumamos a la iniciativa impulsada por organismos que defienden los derechos de las personas migrantes, como la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), enviando una nota firmada por la presidenta y la vicepresidenta del consejo a los miembros de la Comisión Unicameral de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación, señalando el carácter xenófobo y contrario a los derechos humanos de las personas migrantes del proyecto de ley cuyo análisis está a cargo de la mencionada comisión. Citamos un párrafo de la nota:
“Entendemos que tanto las modificaciones realizadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 como las propuestas por el proyecto de ley en debate ante vuestra comisión, resultan innecesarias y en su mayoría redundantes con lo dispuesto por la normativa anterior (Ley 25.871 y su decreto reglamentario 616/10), constituyendo entonces sólo una herramienta de disciplinamiento social que tiende a la instalación de un discurso criminalizador de los y las migrantes en Argentina, asociando directamente la inseguridad con la presencia de extranjeros en el país.”
Aunque esta comisión de la cámara de senadores finalmente no sesionó, compartimos esta información con el colectivo profesional desde la preocupación por dar seguimiento a este proceso, aportando nuestra presencia en tanto profesionales cuya labor, en nuestros diversos ámbitos de intervención, se basa en la promoción y defensa de los derechos humanos.
Consejo Profesional de Graduados/as en Servicio Social o Trabajo Social – CABA
