Desde el Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social de CABA nos sumamos a las voces que desde organismos de derechos humanos y amplios sectores políticos y sociales, se han expresado con preocupación y rechazo ante el decreto 721/2016 firmado por el presidente de la nación, Mauricio Macri, y publicado en el boletín oficial el pasado 31 de Mayo.

El decreto da marcha atrás a decisiones tomadas luego de la dictadura genocida finalizada en 1983. Con la recuperación democrática, se instituyeron mecanismos y facultades centradas en la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Defensa sobre el gobierno de las fuerzas armadas, que son ahora en parte modificadas y restringidas con el decreto 721/16, transfiriéndolas nuevamente a los Jefes de los Estados Mayores Generales y al Jefe del Estado Mayor Conjunto. Se trata de una decisión que incrementa la capacidad de autogobierno de las fuerzas armadas, delegando en sus mandos y en la propia estructura militar decisiones y atributos que correspondían hasta el momento a actores civiles.

Esta decisión, en un contexto de agudización del conflicto social, de ajuste y de retroceso en las condiciones de vida de amplios sectores de la población, sumado a un alineamiento internacional con los Estados Unidos y su política de “seguridad interior” y “lucha contra el terrorismo”, no hace más que fortalecer y dotar de más herramientas a las fuerzas armadas ante un escenario de represión e incremento del control social sobre los sectores populares.

En tanto profesionales directamente vinculados al trabajo junto a los sectores populares y con los derechos de la población, vemos con preocupación el fortalecimiento no sólo político, sino de capacidad operativa y de intervención de las fuerzas armadas y del conjunto de las fuerzas represivas.

Transcurridos más de treinta años de democracia en nuestro país, siguen ejerciendo funciones militares que estuvieron activos durante la dictadura. Al punto de haber llegado a la jefatura del ejército una persona acusada de delitos de lesa humanidad, como César Milani.

Seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los genocidas.

Basta de ajuste y represión.