Presentamos el artículo. Las piezas de un rompecabezas llamado “vigilar y castigar”: apuntes para pensar las funciones del Estado, de Fiorella Cademartori.

Las piezas de un rompecabezas llamado “vigilar y castigar”: apuntes para pensar las funciones del Estado[1]

Mg. Fiorella Cademartori[2]

Introducción

El desarrollo de este ensayo considera como disparadores las siguientes preguntas ¿Qué elementos de la coyuntura nos permitirían caracterizar contextos de actuación y ámbitos de intervención del Trabajo Social? ¿Qué relación podríamos establecer entre el Estado, las políticas sociales y la reproducción del orden existente? Se parte de recuperar la explicación de la forma histórica en que se expresa el Estado, para desde allí plantear, tomando un ejemplo, implicancias en las políticas sociales y en la figura de los trabajadores sociales como uno de los principales brazos ejecutores de las mismas.

  1. 1. Estado: rol y funciones en el sistema actual

Caracterizamos el Estado como la forma política más desarrollada que asumen las relaciones sociales en el sistema actual, expresando éste, la institucionalización política, jurídica, militar e ideológica de las relaciones sociales capitalistas (Iñigo Carrera, J., 2004). La teoría política dominante o hegemónica considera al Estado como un regulador de las relaciones sociales, como si se encontrara por encima de los intereses contrapuestos de las clases y grupos sociales. También se lo piensa como una “esfera” separada y distinta a la esfera económica. La mencionada disociación resulta uno de los aspectos singulares del modo de producción capitalista y, a su vez, el fundamento principal del encubrimiento del Estado como co – constitutivo de la dominación de clase (en AA.VV, 2011: 2).

Ernest Mandel (1923 – 1995) economista, historiador y político nacido en Frankfurt, considerado uno de los teóricos marxistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, en su obra “El capitalismo tardío”, desarrolla las principales funciones del Estado (1982: 334):

– Crear las condiciones generales de producción que no pueden ser aseguradas por las actividades privadas de los miembros de la clase dominante,

– Reprimir cualquier amenaza de las clases dominadas o de fracciones particulares de las clases dominantes al modo de producción corriente a través del Ejército, de la policía, del sistema judicial y penitenciario,

– Integrar las clases dominadas, garantizar que la ideología de la sociedad continúe siendo la de la clase dominante y, en consecuencia, que las clases explotadas acepten su propia explotación sin el ejercicio directo de represión contra ellas (porque consideran que eso es inevitable, o que es “de los males el menor” o la “voluntad suprema”, o porque ni perciben la explotación)[3]

Recurriendo como insumo principal al Informe sobre Criminalización de la Protesta (AA.VV: 2012)[4] se sintetizan elementos que nos permiten demostrar cómo operan las medidas de consenso – coerción. Dicho Informe sistematiza denuncias y causas relevadas por numerosas organizaciones de derechos humanos y fue presentado en audiencia pública en el mes de marzo del año 2012, al Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, siendo una de las principales declaraciones “la existencia en nuestro país de más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70” (Informe, 2012: 1).

Blanco sobre negro en razón de estadísticas y números allí vertidos:

– Respecto del sector criminalizado: de 2238 casos, un 31,6% pertenece al ámbito sindical – laboral y un 31, 4% al sector de pueblos originarios. Ascienden al 63% del total de casos registrados. Otros sectores que resultan foco de judicialización corresponden a: organizaciones partidarias, movimiento de trabajadores desocupados, organizaciones territoriales, ambientalistas, estudiantiles y de derechos humanos (en ese orden).

– Respecto del conflicto criminalizado: aquella problemática que involucra reclamos y derechos vulnerados en torno a la tierra y vivienda ascienden a 32,3% y derechos y reclamos de trabajadores un 31, 7% sobre un total de 2256 casos identificados. Coincidiendo con el punto anterior, son las principales áreas de persecución.

– Respecto de los lugares específicos de desarrollo de los conflictos (que se observan en 19 de las 24 provincias de nuestro país) con los siguientes porcentajes: Provincia y la Ciudad de Buenos Aires concentran el 48% de los casos registrados, Río Negro con el 23,4%, Neuquén con el 5,8%, Santa Cruz con el 5,4% y Tucumán con el 4,3%. El total relevado asciende a 2221 casos.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)[5] manifestó en su último informe anual que, 3500 personas fueron asesinadas por el aparato estatal desde 1983. De éste total, 1911 desde 2003 a la fecha. 66 personas fueron asesinadas por la represión a la protesta desde 1995. 17 desde 2003. Aún hoy hablamos de desapariciones: Jorge Julio López, Luciano Arruga, María de los Ángeles Verón, Florencia Pennachi… (Símbolos de una extensa y dolorosa lista).

¿Qué análisis puede desprenderse de estos datos? En primer lugar, la selectividad de los sectores atacados: sindicatos y trabajadores organizados por un lado y, pueblos originarios y comunidades campesinas por otro. El primero, por su claro papel respecto del proceso de acumulación general; y, el segundo grupo porque desnuda la conexión entre el agronegocio de la soja transgénica y la megaminería contaminante: lo que algunos autores denominan el modelo económico extractivista de recursos naturales (Aranda, D.: 2010; Algranati, C., Seoane, J.: 2012). En segundo lugar, la extensión de los conflictos a casi la mayoría de las provincias del país. Cuando estos hechos se presentan de forma aislada intentan expresar su carácter esporádico, accidental y fortuito. Una mirada histórica y de totalidad sobre el fenómeno, lejos de reflejar accidentalidad, nos acerca a caracterizarlo como sistemático.

Lejos de constituirse en una fotografía del orden local – nacional, como plantea Maristella Svampa en el prólogo del libro Argentina, criminalización de la pobreza y de la protesta social, éstos procesos forman parte “de una estrategia global de disciplinamiento y búsqueda de gobernabilidad, en la dinámica del capitalismo actual” y, agrega en su análisis los elementos de contradicción y ambivalencia que han caracterizado la relación entre movimientos y organizaciones sociales y políticas en el último período: “integración y cooptación de las organizaciones sociales afines; disciplinamiento y criminalización de las organizaciones sociales contestatarias; judicialización, invisibilización y represión de las luchas que se orientan a cuestionar el modelo neodesarrollista” (Svampa, 2009).

No estamos ante hechos aislados[6]. Tal como se desarrolló de forma introductoria el consenso y la coerción, en distinta medida y magnitud, son funciones estatales, que además no concluyen con el hecho en sí, sino que buscan indirectamente el control, dispersión y desmovilización de sectores organizados. La represión selectiva (a sectores puntuales), preventiva (ejemplificada a continuación) y la tercerización de la represión estatal (con el más claro pero no único ejemplo, el asesinato de Mariano Ferreyra) lo que sintetiza es una forma de vinculación del Estado con los sectores movilizados y organizados.

  1. 2. Las políticas sociales: ¿asistencia preventiva?

Retomamos la caracterización de las políticas sociales[7] que realiza Estela Grassi sosteniendo que tienen éstas la “capacidad de normatizar y normalizar, en tanto el Estado se constituye en un actor (y en un ámbito) en la producción de los problemas sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad, en la definición de los sujetos merecedores de sus intervenciones y de las condiciones de dicho merecimiento. Son, en fin, la manera en que la cuestión social es constituida en cuestión de Estado y, en consecuencia, el resultado de la politización del ámbito de la reproducción” (Grassi, 2003: 25).

Se citará un ejemplo para dar cuenta (o no) de lo arriba mencionado. Hacia abril de 2008, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, integrado por casi la totalidad de los Ministerios Nacionales y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, lanza el Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan Ahí) que en su fundamentación sostiene favorecer “el Desarrollo Integral de las personas, familias y comunidades, priorizando las zonas en situación de alta vulnerabilidad social, localidades rurales, parajes, población dispersa, grandes aglomerados, comunidades étnicas, a través de un trabajo conjunto entre los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de la Nación junto a los distintos actores de la comunidad” (Decreto 621-2008)[8].

Durante el primer año de ejecución se planificó el abordaje en 9 partidos del conurbano bonaerense, extendiéndose a 223 localidades de hasta 10.999 habitantes del NEA, NOA, Centro (Entre Ríos, norte Santa Fe, norte Córdoba) y Nuevo Cuyo (San Juan, La Rioja). Los partidos priorizados poseían altos niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI), por encima de la media del Gran Buenos Aires (17,6%).

Hacia junio de 2012, se anuncia la participación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la implementación del plan. Participación que, en ningún momento del desarrollo de los lineamientos y de la conformación de los equipos nacionales, provinciales o locales, se menciona. Así “cientos de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad se despliegan para tareas de contención social en villas de emergencia de la Capital y del Gran Buenos Aires” (Clarín: 1/07/2012).

Sostiene la Dra. Seiffer (2012), en un artículo recientemente publicado[9]: “Las leyes argentinas de Defensa Nacional (n° 23554/88 y 727/06), de Seguridad Interior (n° 24059/92) y de Reestructuración de las FF.AA. (24948/98) las excluyen en forma explícita de tareas de seguridad interna y no deberían cumplir tareas de asistencia social salvo en caso de “catástrofes”. Los operativos Cinturón Sur (2.500 gendarmes y prefectos en el distrito porteño), Centinela (6 mil gendarmes en el conurbano bonaerense) y Escudo (6 mil efectivos de Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval y 800 nuevos efectivos de Fuerzas Especiales y Antidrogas de la Gendarmería y Prefectura en zonas del NOA y NEA) inauguran una nueva etapa en este sentido”[10].

¿Las características que asumen las políticas sociales no tienen implicancias directas en las formas que asume la profesión? La militarización, es decir el control de los territorios, en zonas de concentración de población que ve comprometida la reproducción de sus condiciones materiales y el despliegue de fuerzas de seguridad, se observa con anterioridad replicado en numerosos países de América Latina, como Brasil (Unidad Policía Pacificadora), Venezuela (Bolívar 2000), Bolivia (Igualdad de Oportunidades), Chile y Colombia. La ruptura que implica el avance hacia tareas de seguridad interna de estas fuerzas, no sólo a nivel nacional sino regional, nos ubica ante una estrategia generalizada de disciplinamiento y búsqueda de mantención de la institucionalidad, en la dinámica contemporánea del capitalismo de la mano de las fuerzas de seguridad a partir de una reconfiguración del rol social de las mismas.

  1. 3. El Trabajo Social y las modalidades de contratación como mecanismo disciplinador en su intervención profesional

En última instancia, se referencia la temática del disciplinamiento y control social relacionándolo a las condiciones de trabajo de los trabajadores sociales, puntualizando la situación de inestabilidad y precariedad laboral que afecta a los profesionales de Trabajo Social (como al conjunto de la clase) y cómo esto repercute en su intervención y en su subjetividad como trabajador[11].

Es reconocido el Estado como principal empleador de los trabajadores sociales. Razón por la cual el primero establece una con los segundos una relación contractual: el trabajador social se convierte en asalariado que vende su fuerza de trabajo y, sólo a partir de los medios ofrecidos por la institución empleadora brinda los servicios para los cuales es contratado. Se comparte con Marilda Iamamoto, cuando en su enfoque sobre el trabajo profesional sostiene a éste como “partícipe de procesos de trabajo que se organizan según las exigencias económicas y sociopolíticas del proceso de acumulación, moldeándose en función de las condiciones y relaciones sociales específicas en que se realiza” (2002: 116). No siendo el proceso de trabajo, organizado íntegramente por este profesional ni exclusivamente un proceso de los mismos.

Las citas de algunos testimonios de entrevistas realizadas a trabajadores sociales en ejercicio[12] servirán para continuar el despliegue de los interrogantes inicialmente formulados:

“Teníamos contrato part – time. Después entraron más compañeros y empezó a haber diversidad de contrato. […] La mayoría era todo precario, monotributistas, todos le facturábamos a alguien. La mayoría a la UBA, algunos a la UTN, hacían un invento con los contratos ¡mortales! […] Ese era un punto, porque no todos cobrábamos lo mismo y no todo cobrábamos de la misma forma. Incluso había algunos de nosotros, que habíamos negociado con la directora ciertas cosas, por la disponibilidad que teníamos y después nos enterábamos que trabajábamos con compañeros que no teníamos el mismo acuerdo”.

Trabajadora Social del área de Política Habitacional

“Al principio éramos muchos, después quedamos pocos profesionales: dos Trabajadores Sociales de Becas, dos en Pensiones y cinco en Atención [a la demanda espontánea]. Nueve profesionales en el área; cinco de guardia, de atención directa que nos turnamos. En ese sentido, planteé que el ingreso de personal con contrato de monotributo es otro obstáculo. Yo creo que los profesionales no pueden estar como monotributistas trabajando en el Estado, por una cuestión, entre comillas, de ‘responsabilidad’. Porque después hay renuncias por un mejor trabajo, 24 meses y rotación. […] No se puede estar atendiendo a una persona un mes por una beca, y después largarla y como si no pasa nada. Eso va en desmedro de nuestro ejercicio. Obvio, no lo cuestiono al profesional que busque una mejora. Ojo, yo haría lo mismo. No llegar a fin de mes…”

Trabajadora Social del área de Atención Directa

¿Qué margen de aplicación de posicionamientos teóricos/metodológicos; políticos/ideológicos pueden contraponer trabajadores cuya continuidad laboral depende de criterios políticos y decisiones personales de quienes ejercen cargos superiores en la jerarquía estatal?

La condición de precariedad en la contratación genera un terreno fértil para la aceptación y acatamiento de tareas que no corresponden al ámbito de incumbencia profesional y/o interpelan para la administración y gestión de escasos recursos cercenando su “relativa autonomía” respecto de la intervención. Ha sido ampliamente trabajado desde diversas áreas de estudio el fenómeno del desempleo como disciplinador social[13] (en tanto la condición de reproducción de la clase asalariada es justamente la venta de su fuerza de trabajo).

  1. 4. Palabras finales a modo de cierre

Aun considerando los índices de crecimiento a tasas chinas en la Argentina en el último período -con signos de desaceleración para el segundo trimestre del 2012[14]– el “problema” no radica en el mayor o menor crecimiento, la mirada, una vez más, tiene que centrarse en qué, cómo, para qué y para quién opera todo el aparato productivo de los Estados – Nación ¿Para satisfacer las necesidades de hombres y mujeres o para satisfacer las necesidades de valorización del capital? El modelo económico extractivista de recursos naturales ¿a qué intereses responde? ¿A los de los pueblos y comunidades que se han manifestado en clara disidencia o al de las grandes corporaciones trasnacionales? Que el 32 % de la clase trabajadora ocupada encuentre precarias condiciones de contratación y no goce de derechos laborales consagrados constitucionalmente ¿es necesidad de hombres y mujeres o del imperante mantenimiento de las tasas de ganancia que generan competitividad en el sector agrario e industrial a nivel de mercado interno e internacional? Que el 19% de la masa de trabajadores ocupados vea afectado en sus salarios el impuesto a las ganancias, con el cual nos habla de un 81% restante que no alcanza con su salario la canasta básica estipulada en $5500 ¿es necesidad de quienes venden su fuerza de trabajo o de quienes detentan los medios de producción? Que los trabajadores sociales, en un 90% empleados bajo órbita estatal, encuentren en un altísimo porcentaje la inestabilidad laboral como una características en sus contrataciones es ¿falta de control u orientación de una política?

En este sentido, la llave para entender el fenómeno de las políticas sociales, siguiendo a Elaine Rossetti Behring (2000: 172), radica no sólo en vincularlas a las esferas de la distribución, del consumo, o de la circulación, sino fundamentalmente a las relaciones desiguales operadas en la esfera productiva. En la medida en que las relaciones sociales capitalistas rigan el movimiento de la sociedad, las problemáticas expresadas de forma fragmentada y parcializada como las refracciones de la cuestión social: conflictos laborales, territoriales, habitacionales, medio ambientales, pobreza y pauperización, etc. deben ser vigiladas, tanto éstas como sus colectivos y miembros. Por lo tanto, la criminalización y el disciplinamiento social, vía represión selectiva, preventiva o tercerizada, en gobiernos “democráticos” son caminos inherentes de este sistema social y por lo tanto, noticias cotidianas.

Nuestra tarea desde las Ciencias Sociales y en consecuencia desde el Trabajo Social, por tanto, resulta no sólo la crítica, ya que: “La crítica no se presenta como un fin en sí mismo, sino como un medio. Su sentimiento esencial es la indignación, y su principal tarea la denuncia” (Marx, K.: 2010: 34)[15]. No sólo denuncia para conocer con rigurosidad los fenómenos de la realidad social, sino para transformar radicalmente aquella realidad que estamos viviendo y describiendo.

San Miguel de Tucumán, septiembre de 2012

Bibliografía y material consultado

AA.VV (2011): “¿La reconstrucción de lo público? Aportes para el Debate”, Material de divulgación de El Viejo Topo – CAUCE. Disponible en http://elviejotopo-cauce.blogspot.com.ar/

AA.VV (2012): “Informe sobre Criminalización de la Protesta”. Disponible en http://encuentromvyj.files.wordpress.com/2012/03/informe-criminalizacion-de-la-protesta-organismos-ddhh-emvj-marzo-2012.pdf

ALGRANATI, C.; SEOANE, J. (2012): “Crisis económica y ofensiva extractivista”, en Marcha, 1 de agosto de 2012. Disponible en http://www.marcha.org.ar/1/index.php/elmundo/126-analisis-internacional/1717-crisis-economica-y-ofensiva-extractivista

ARANDA, D. (2012): Argentina originaria: Genocidios, saqueos y resistencias, Ed. La Vaca, Buenos Aires.

ASTARITA, R. http://rolandoastarita.wordpress.com/2012/02/16/ajuste-y-represion-k/

BEHRING, E. (2000): “La nueva condición de la política social” en BORGIANNI, E., MONTAÑO, C. (orgs.) (2000): La Política Social Hoy, Cortez Editora, San Pablo.

CADEMARTORI, F. (2011): “Procesos de trabajo de los trabajadores sociales en la Argentina contemporánea: mediaciones y determinaciones en la intervención profesional”, Tesis de Maestría, Facultad Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata, mimeo.

CORREPI, Boletines informativos, en http://correpi.lahaine.org/

GIGLIANI, G. (2012) Prólogo en López, E.; Feliz, M. (2012): ¿Modelo nacional-popular o nueva etapa en el desarrollo capitalista?, Editorial El Colectivo y Ediciones Herramienta, Buenos Aires.

GRASSI, E. (2003): Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal: la otra década infame (I), Espacio Editorial, Buenos Aires.

IAMAMOTO, M. (2002): Servicio social y división social del trabajo. Cortez Editora, San Pablo.

IÑIGO CARRERA, J. (2004): El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires.

SEIFFER, T. (2012): “La militarización de la población sobrante. El Plan Ahí y el uso de las Fuerzas Armadas para la política social”, El Aromo N.68, uenos Aires.

MANDEL, E. (1982): O Capitalismo Tardio, Abril Cultural, São Paulo.

MARX, K. (2010): Contribuição á crítica da filosofia do direito de Hegel. Introdução, Ed. Expressão Popular, São Paulo.

SVAMPA, M. (2009) en Korol, C. Argentina, criminalización de la pobreza y de la protesta social, El Colectivo, América Libre, Buenos Aires.

THWAITES REY, M. y LÓPEZ, A. (2005): Entre tecnócratas globalizados y políticas clientelistas. Derrotero del ajuste neoliberal en el Estado Argentino, Ed. Prometeo, Buenos Aires.

Otros artículos en medios periodísticos:

Plan Abordaje en San Martín, Página12, 6 de junio de 2012: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-195765-2012-06-06.html

Militares van a las villas para tareas de contención social, Clarín, 1 de julio de 2012: http://www.clarin.com/politica/problema-pobreza_0_728927162.html

Destacan el trabajo del Ejército en las villas, La Nación, 22 de julio de 2012: http://www.lanacion.com.ar/1492468-destacan-el-trabajo-del-ejercito-en-las-villas

Ministra en la Cárcova, Página12, 31 de agosto de 2012: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-202311-2012-08-31.html

Liberaron a los dos detenidos de la Comunidad Indio Colalao, Contrapunto, 8 de agosto de 2012: http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3276&Itemid=34

Riarte resiste, Contrapunto, septiembre de 2012: http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3345&Itemid=1

[1] El siguiente artículo, aquí resumido, fue presentado en el panel central del XXVI Congreso Nacional de Trabajo Social Perspectivas del Trabajo Social: Camino al Bicentenario de la Independencia Nacional: “Una Mirada a las Prácticas Sociales Locales” realizado del 20 al 22 de septiembre de 2012 en Tucumán bajo el título de El disciplinamiento y control social como función del Estado.

[2] Doctoranda FSoc – UBA. Investigadora en formación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Correo electrónico: fiorellacademartori@gmail.com. Agradezco las observaciones y comentarios de compañeros/as de CAUCE – UBA; Daniela Cademartori de Prensa Alternativa CONTRAPUNTO – Tucumán; Francisco Pucheta de la agrupación BASE / FCE – UBA; Lic. Esteban Piliponsky, FFyL – UNT.

[3] Traducción propia del portugués.

[4] Disponible en: http://encuentromvyj.files.wordpress.com/2012/03/informe-criminalizacion-de-la-protesta-organismos-ddhh-emvj-marzo-2012.pdf

[5] Boletines informativos disponibles en: http://correpi.lahaine.org/

[6] No casualmente asistimos en la Argentina en octubre de 2011 a la sanción de la Ley Antiterrorista que amplía lo sancionado en la Ley 26.268 del año 2007 y que tipifica los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”. Algunos analistas que rechazaron la sanción de la misma, advierten que el uso de un lenguaje excesivamente abstracto y de conceptos imprecisos, genera el riesgo que el articulado de la Ley se aplique contra las diversas protestas sociales.

[7] Se sugiere consultar: Servicio Social Crítico: Hacia la construcción del nuevo proyecto ético – político profesional, Ed. Cortez, San Pablo; NETTO, J. P. (2002): Capitalismo monopolista y servicio social, Cortez Editora, San Pablo; OLIVA, A. (2007): Trabajo Social y Lucha de Clases: análisis histórico de las modalidades de intervención en Argentina, Editorial Imago Mundi, Buenos Aires.

[8] Disponible en: http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Decreto621-2008LineamientosPlanAhí.pdf

[9] Ver referencia en bibliografía y material consultado.

[10]El resaltado es propio.

[11] Al respecto ver el libro de reciente publicación SIEDE, M. V. (comp.) (2012): Trabajo Social y mundo del trabajo: Reivindicaciones laborales y condiciones de la intervención, Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires; PEREZ, C. (2009): “Las actuales condiciones del Trabajo Profesional” en VIII Jornadas Locales de Trabajo Social “Procesos de intervención, prácticas de formación y trabajo profesional”, 12 de noviembre de 2009, UNICEN, Tandil.

[12] Los mismos fueron parte del trabajo de campo para la tesis de maestría de mi autoría realizada en el marco de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Ver referencia en bibliografía y material consultado.

[13] Al respecto ver: ANTUNES, R. (2005): Los Sentidos del Trabajo: ensayo sobre la afirmación y negación del trabajo, Ediciones Herramienta y Taller de Estudios Laborales, Buenos Aires. CIFARRELLI, V. y MARTÍNEZ, O. (2009) “Clase obrera y movimiento obrero en Argentina, situación y desafíos” en Revista THEOMAI: estudios sobre sociedad y desarrollo, N. 19, 1er semestre de 2009, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

[14] Al respecto ver: KATZ, C., LUCITA, E., MARCHINI, J. et al (2012): “Afloran los límites del modelo”, Economistas de Izquierda. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147522. KATZ, C. “Contrasentidos del neodesarrollismo” 7/08/2012. Disponible en: www.lahaine.org/katz.

[15] El resaltado es propio.